Más de 1.200 personas, entre ellas casi 500 menores de edad, se han visto afectadas por 443 desahucios en la ciudad de Barcelona en las últimas seis semanas, según ha denunciado la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín.
Según la concejal, el 80% de las familias afectadas por los 443 desahucios instados desde el pasado 14 de septiembre tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
Estos datos están recogidos en un informe que ha elaborado la Unidad Anti-Deshaucios del Ayuntamiento de Barcelona y que el consistorio ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que pide que los detenga. «Hay que parar estos desahucios ya», ha escrito en su twitter la concejal de Vivienda.
442 órdenes de desahucios
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya advirtió este lunes en una entrevista en la Cadena SER del riesgo de un «estallido social» si no se detienen los desahucios y pidió al Gobierno que amplíe la moratoria de los desalojos a todas las familias en situación económica precaria, esté o no relacionada con la crisis de la COVID.
El informe elaborado por el gobierno de Colau detalla que entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre ha habido en la ciudad 443 órdenes de desahucio que afectan a 748 adultos y 463 menores, que son solo los casos de los que ha tenido conocimiento la Unidad Anti-Desahucios del Ayuntamiento.
Esta Unidad intenta mediar con los propietarios para evitar que las familias se queden en la calle.
Más de la mitad de las órdenes de desahucio dictadas desde el 14 de septiembre afectan a viviendas que son propiedad de grandes tenedores, como bancos o fondos de inversión, según el mismo informe.
Decreto ley para evitar los desalojos
En su entrevista a la SER, Colau reconoció que «esto es un polvorín social y hay que intervenir ya» e incluso informó de casos en que se intentó desalojar a familias con miembros que estaban siguiendo cuarentena por COVID «y aún se quería ejecutar el lanzamiento».
El pasado viernes la alcaldesa llamó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para insistir en que era urgente modificar la norma para evitar los desahucios de las familias en situación precaria.
Está previsto que el Gobierno catalán apruebe un decreto ley que refuerce la normativa para evitar los desahucios y garantice que los grandes tenedores de vivienda ofrezcan alquileres sociales a las personas vulnerables.
