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El separatismo lleva al Congreso un proyecto de ley de amnistía que el Gobierno ya rechazó por inconstitucional

El ministro Salvador Illa ya advirtió en noviembre de que este tipo de perdón no tiene encaje en el sistema español

Un momento de la presentación del proyecto de ley de amnistía que comenzará su tramitación esta semana en el Parlament.

A medida que se acercan las elecciones autonómicas del 14 de febrero los partidos separatistas, a falta de ejecuciones de programas, echan mano de los gestos políticos para, al menos, motivar a sus votantes. Ahora le ha tocado el turno a la tan traída y llevada amnistía de los llamados «presos políticos», es decir, los líderes independentistas condenados por, entre otras cosas, el referéndum ilegal del 1-O. Así, JxCat y ERC han anunciado este lunes que llevarán hasta el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de amnistía que comenzará su tramitación en el Parlament.

Esta ley tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2013 para poder dar amparo a los promotores del también ilegal referéndum del 9 de noviembre de 2014. Con la misma se persigue, además, lograr el perdón de los casi 3.000 activistas denunciados, juzgados o condenados por hechos relacionados con la defensa de la independencia de Cataluña. Bajo el nombre de Propuesta de Ley Orgánica de Amnistía y de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, el texto, que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara autonómica, establece en su artículo 1 que «quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política«. Y describe estos como «cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña».

No tiene cabida constitucional

Es de esperar que esta propuesta no salga adelante en el Congreso de los Diputados, salvo que el PSOE y Unidas Podemos acuerden llevar a cabo una reforma constitucional para la que, sin embargo, carecen de la mayoría necesaria. Lo cierto es que esta petición de amnistía lleva tiempo sobre la mesa. En febrero de este año, durante el primer encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el ahora inhabilitado Quim Torra, el Govern planteó formalmente la exigencia de la amnistía para los «presos políticos». Algo para lo que Sánchez no dio ninguna respuesta. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, fue muy claro al respecto: «Yo creo que la amnistía no tiene cabida en nuestro sistema constitucional«.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa (Europa Press).

Sea como sea, el separatismo ha activado este resorte a dos meses de unas elecciones en las que las encuestas no le son tan favorables como cabría esperar. Sobre todo a un JxCat que, de la mano de Carles Puigdemont y con Laura Borràs como candidata, no ha logrado convencer a ERC y a la CUP de la idoneidad de formar una única lista separatista. ERC, por su parte, coquetea con el PSOE y Unidas Podemos en Madrid desde la investidura de Sánchez como presidente y ha sido uno de los principales apoyos del Gobierno en la aprobación de las medidas para afrontar la crisis del COVID-19. Esta estrategia, basada en el diálogo con los socialistas, bien podría trasladarse a Cataluña y, si dan los números, poner al frente de la Generalitat a un nuevo Ejecutivo en el que se dieran la mano republicanos y socialistas. No se puede obviar que, además, el Gobierno tiene ya en sus manos la petición de indulto de los condenados por el 1-O y promovida por el abogado catalán Francesc Jofresa. Y, aunque parece difícil que sean indultados aquellos que tienen como lema el «ho tornarem a fer«, la política es, en ocasiones, el arte de llegar a acuerdos imposibles de creer.

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