La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de mantener las elecciones catalanas el 14 de febrero ha facilitado que el Govern, y los partidos independentistas, puedan poner en duda los resultados de los comicios si los resultados no son de su agrado alegando una baja participación. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la legitimidad de los resultados que se obtengan de la votación, independientemente de la participación que se registre.
«Los resultados de una elecciones democráticas serán aquellos que decidan los ciudadanos con más o menos nivel de participación. Nunca se puede cuestionar el resultado de las urnas, tengan o no el nivel de participación que a todos nos gustaría«, ha sentenciado la ministra. En todo caso, la portavoz ha manifestado que espera que la participación sea lo más alta posible, ya que es «la clave de bóveda» de los procesos electorales y, por tanto, obligación de todos los servidores públicos y partidos promoverla.
De momento el voto por correo se han disparado, llegando a la cifra récord de 183.000 solicitudes cuando aún faltan unos días para el cierre del plazo. También las últimas encuestas vaticinan una participación bastante parecida a los comicios de años anteriores, salvo los últimos, pese a las restricciones y a la incertidumbre de las medidas sanitarias para prevenir contagios en los colegios electorales. No obstante el hecho que a la pandemia se una un elevado cansancio ciudadano con la política que se refleja en un elevadísimo número de indecisos hace que no sea descartable una participación especialmente baja.
El Govern no recurrirá la decisión del TSJC
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que la Generalitat no prevé presentar un recurso contra la sentencia TSJC que mantiene las elecciones el 14 de febrero para no «generar más incertidumbre».
Asimismo, Budó ha criticado que el TSJC haya impedido el aplazamiento de los comicios, mientras que en Galicia y el País Vasco no hubo obstáculos para retrasarlos: «El Govern se muestra totalmente en desacuerdo con la sentencia». Dicha sentencia concluía que el vicepresidente Pere Aragonès no está habilitado expresamente para suspender o aplazar las elecciones. El tribunal considera que «solo una situación imprevisible que determine la imposibilidad de celebrar las elecciones por razones de protección de la salud pública podría autorizar un aplazamiento», y consideran que los efectos del coronavirus sí fueron imprevisibles al aplazar las elecciones gallegas y vascas en marzo de 2020, pocos días después de declararse el estado de alarma, pero no ahora para las catalanas porque ya se conocían al convocar los comicios. Además en el País Vasco y Galicia hubo un mero aplazamiento y no una desconvocatoria sine die como en Cataluña.