Este domingo, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, lamentaba en una entrevista en El País que uno de los errores de su partido había sido no haber condenado con la contundencia suficiente la deriva del separatismo en Cataluña. Ahora, sin embargo, parece que el PSC se habría puesto manos a la obra. Según un estudio elaborado por esta formación, serían 1.100 millones de euros los que la Generalitat dedica a gastos superfluos o en propaganda separatista en sus presupuestos. Ante este derroche, los socialistas abogan por destinar estos recursos a otras necesidades.
Este estudio, dado a conocer también por El País, se suma a la denuncia que el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, realizó durante la campaña de las elecciones autonómicas, cuando cifró en 900 millones de euros lo que el Govern gastaban en «chiringuitos» —refiriéndose a las estructuras de Estado impulsadas por la Generalitat—. Tanto una como otra formación coinciden en que los sueldos de los altos cargos tienen que limitarse. Según el documento del PSC, se dedican 1.466 milllones a la parcela de dirección y administración de la Generalitat. Esto supone un 4,6% del total de las cuentas del Govern, y el objetivo del PSC es que este porcentaje se redujese a un 3,5%.
La CCMA, en el punto de mira
Por otra parte, el PSC considera que el Govern debe reducir el número de organismos públicos y organismos en los que participa. No en vano, la Generalitat tiene 359 entes públicos, 103 más que la siguiente comunidad en la lista, Andalucía, y 203 más que la tercera, el País Vasco. Entre las entidades que deben retirarse o replantearse, se cuentan según los socialistas el CESICAT, el CTTI, la Oficina Antifraude o el Diplocat —la agencia de diplomacia internacional del Govern—. Asismismo, denuncian que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) es otro de los sectores donde hay gastos innecesarios. No olvidemos que su presupuesto para 2020 eran 240 millones de euros y que la plantilla de TV3 es de 2.300 personas.
Por último, el PSC cree que deberían justificarse los más de 4.286 millones de euros en subvenciones que reciben personas y entidades sin ánimo de lucro, y los 899 millones destinados a empresas privadas —según cálculos de los socialistas—. La formación considera exagerada, por ejemplo, la dotación de 700.000 euros que recibe la Plataforma per la Llengua, una entidad que supuestamente promociona el catalán pero dedicada en la práctica a delatar a comercios que emplean el castellano o espiar en qué lengua se expresan los escolares en el patio.
