La salud del Estado de derecho en España no atraviesa su mejor momento. Así lo ha denunciado Impulso Ciudadano (IC) ante la Comisión Europea, que está elaborando su informe anual sobre la situación de los derechos democráticos en el marco de la UE. Aprovechando esta coyuntura, la entidad constitucionalista ha remitido a la Comisión un documento en el que advierte los que son, a su juicio, los déficits que aquejan a nuestro país en la materia.
En primer lugar, por lo que respecta a la independencia y la eficacia del sistema judicial, el colectivo recuerda que España no ha cumplido la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los propios jueces. A este respecto, denuncia el intento del PSOE y Unidas Podemos de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir las mayorías necesarias para designar una parte de los vocales del CGPJ. También ha considerado una amenaza a la independencia del Poder Judicial las críticas vertidas por el vicepresidente Pablo Iglesias a raíz de una decisión judicial que afectaba a su partido.
Tolerancia ante el uso de recursos públicos en el ‘procés’
En lo referente a la lucha contra la corrupción, IC ha señalado como un déficit la tolerancia ante la utilización de recursos públicos en el proceso secesionista catalán. En este punto, han recordado que la intimidación a la policía y a los funcionarios judiciales por parte del separatismo no ha facilitado la investigación de estos delitos, así como tampoco lo ha hecho el fracaso de la cooperación judicial en Europa.
Otro punto cuestionado ha sido el pluralismo de los medios de comunicación. El informe remitido a Europa cuestiona el modelo y la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto del Gobierno, sobre todo por lo que respecto a la designación de sus miembros. Al mismo tiempo, denuncia el control que ejerce el gobierno nacionalista catalán sobre el CAC, el regulador autonómico. También, a escala estatal, se subraya la falta de transparencia y el sesgo ideológico en la planificación de las campañas de publicidad institucional, considerando que se favorece a medios afines.
Un Síndic de Greuges alineado con el poder nacionalista
En lo tocante a la elaboración de leyes, IC estima denunciable la ausencia de la sociedad civil en la preparación y tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación. También critica lo que juzga una excesiva utilización de la legislación de emergencia.
Finalmente, el dosier tampoco olvida reseñar los fallos de las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales. Concretamente, destaca la falta de neutralidad de algunas instituciones catalanas, ejemplificada en el partidismo del Síndic de Greuges de Catalunya. Y es que éste, según la entidad, no vela por la protección de los derechos de todos los catalanes sino que se ha aliado con el nacionalismo más intolerantes y con las Administraciones que debería fiscalizar.
