La crisis social y sanitaria del coronavirus ha agravado la situación de las personas migrantes, especialmente de las 100.000 que se estiman en situación administrativa irregular en Cataluña, según un estudio de la Taula del Tercer Sector, que aglutina a unas 3.000 entidades catalanas. «Antes del COVID-19, las personas en situación administrativa irregular ya eran invisibles y vulnerables, pero ahora lo son más», ha advertido este martes la presidenta de esta entidad, Francina Alsina, durante la presentación del informe.
«Muchas personas que están en proceso de regularización han perdido su trabajo y, sin él, se ven abocadas a una irregularidad sobrevenida que las deja aún más desprotegidas», ha añadido Alsina, que ha pedido cambios en las políticas migratorias y de inclusión.
El trabajo, titulado Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones, ha sido elaborado por Càritas Diocesana de Barcelona e introducido por la coordinadora del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Càritas, Miriam Feu. La investigadora ha recordado que los migrantes irregulares no tienen derecho a ERTE, que a menudo no están empadronados, que no pueden recibir prestaciones de renta garantizada como la RGC o el IMV, y que han visto paralizados sus trámites a causa de la pandemia. «La situación de irregularidad administrativa condiciona las oportunidades de la persona y la ubica en los márgenes del sistema», ha sostenido Feu, que ha resumido las consecuencias económicas, laborales, de salud y vitales que supone esta situación.
Una carrera de obstáculos
El estudio analiza la «carrera de obstáculos» que experimentan los migrantes para acceder a derechos básicos como la vivienda, el trabajo, la formación o la participación política y recoge datos que denotan la mayor vulnerabilidad que sufren estas personas, en palabras de Feu. Según el trabajo, el riesgo de pobreza en los extranjeros es cerca de cuatro veces mayor que en los ciudadanos de nacionalidad española: el 13% de los autóctonos en Cataluña se encuentran en situación de pobreza, frente al 50% de los nacidos en otras partes del mundo.
Los migrantes también tienen mayor situación de paro y una precariedad laboral más elevada: los extranjeros sin empleo –23% del total de trabajadores– duplican a los españoles (10%) y tienen peores condiciones socioeconómicas y mayor inestabilidad contractual. Los nacidos fuera de España también tienen un mayor riesgo de exclusión social –15% en autóctonos y 46% en migrantes– y presentan mayores dificultades para acceder a la vivienda –21% frente al 60%–, la salud –17% y 27%– o la educación –3% y 27%–.
También en el ámbito de la participación política los migrantes «tienen claramente limitados sus derechos«, ya que su residencia no está legalizada y les falta la nacionalidad: el 54% de los extranjeros no comunitarios no tienen derecho a voto en las elecciones locales.
Posibles soluciones
Ante esta situación, el informe y la misma Taula del Tercer Sector ha elaborado una serie de propuestas a las distintas administraciones para garantizar una «protección real de las personas migradas», que abarcan ámbitos como los servicios sociales, la educación o el trabajo. Entre otras ideas, la Taula ha puesto facilitar el acceso al mercado de trabajo a los migrantes y conceder autorizaciones de trabajo para los jóvenes migrantes extutelados, así como garantizar la «plena inclusión» del trabajo doméstico en el régimen general de la Seguridad Social.
También ha pedido introducir cambios en las prestaciones de emergencia social como la RGC y el IMV «para que las personas migradas en situación irregular no queden excluidas, como ahora» y que éstas puedan optar a ayudas a la vivienda. Finalmente, han reclamado que los ayuntamientos garanticen el empadronamiento de todas las personas que viven en sus municipios –paso necesario para poder ejercer muchos derechos– y que se facilite desde el ámbito local la tramitación de los informes de extranjería.
