Anticorrupción ha pedido una condena de 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita y blanqueo. Para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años.
Tras ocho años de investigación, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que pide penas de prisión para todo el clan Pujol. También para Mercè Gironés, exmujer de Pujol Ferrusola se pide una condena de 17 años de cárcel. Finalmente, se solicitan 5 años para cada uno de los diez empresarios incluidos en el texto.
La pena más alta para el primogénito de los Pujol
La pena más alta corresponde al primogénito de la famiia, Jordi Pujol Ferrusola, que ya estuvo en prisión provisional por estos hechos. Para él, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 29 años, seguido de Josep (14 años), y del resto de hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, para quienes se reclaman 8 años.
A la petición de prisión se suman las multas millonarias a las que la Fiscalía quiere que sean condenados. Por ejemplo, en el caso de Pujol Ferrusola la multa ascendería a más de 6 millones de euros.
El clan Pujol actuó de forma conjunta y organizada para ocultar una ingente cantidad de dinero en Andorra.
Actuaron de forma conjunta y organizada
La Fiscalía describe en su escrito cómo todos los miembros del clan Pujol actuaron de forma conjunta para ocultar una ingente cantidad de dinero en Andorra. El origen tendría lugar en el «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».
El expresidente Pujol, según Anticorrupción, acordó con su mujer, Marta Ferrusola, que el dinero procedente de la actividad ilícita se repartiese en cuentas abiertas a su nombre y al de sus 7 hijos en la Banca Reig designando a su hijo mayor, Jordi, como el encargado de gestionar los fondos.
Fiscalía destaca la creación de numerosas sociedades en paraísos fiscales, cuentas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, que permitieron a la familia repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra.
Se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda y frustración de la ejecución
Pujol aprovechó «su posición política para tejer una red de clientelismo, sostiene la Fiscalía. Él y determinados empresarios afines a la ya extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC».
El patrimonio que ganaba «ilícitamente» se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo.
Todo estaba perfectamente coordinado, a ojos de la Fiscalía. Pujol y su mujer «dirigiendo» esas operaciones de «ocultación y afloramiento» mientras otros, los hermanos Jordi y Josían y la exmujer del primero, Mercé Gironés, «gestionando los beneficios de la actividad«. El resto de hermanos se habrían beneficiado «directa y conscientemente» de todo ello, «coadyuvando a su ocultación».
