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Colau culpa a la Justicia del suicidio de un hombre en Sants cuando iba a ser desahuciado

La primera edil de Barcelona exige al PSOE que desbloquee la nueva ley de vivienda que debe evitar estas situaciones

Concentración de la PAH ante la Delegación del Gobierno tras el suicidio de Segundo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha culpado a «los juzgados» del suicidio de un hombre en Sants justo cuando iba a ser desahuciado. Colau, que llegó a la política desde la Plataforma Antidesahucios (PAH), ha asegurado en un mensaje publicado en Facebook que los servicios sociales municipales habían «acreditado» la «situación de vulnerabilidad» de la víctima, Segundo, un hombre de 58 años que se había quedado en paro en 2018 y que no podía afrontar los 800 euros que costaba el alquiler de su domicilio.

Ada Colau cuando lideraba la PAH.

En el mismo mensaje, la alcaldesa ha recordado que aún está vigente la moratoria antidesahucios aprobada por el Gobierno con motivo de la pandemia del COVID-19. En base a esta medida, la abogada del inquilino intentó «en dos ocasiones» la aplicación de este aplazamiento, aportando para ello «el informe municipal que acreditaba la vulnerabilidad«.

Nueva ley de vivienda

«El juez decidió no aplicar la moratoria», ha añadido Colau, «y seguir adelante con el desalojo». Una decisión que, ha añadido, el Consistorio ni entiende ni comparte. «Hasta el momento», ha insistido la alcaldesa, «los servicios municipales han intentado mediar para frenar el desahucio». Desde los juzgados, sin embargo, se ha respondido a la alcaldesa que el desahucio de Segundo siguió adelante porque los servicios municipales no habían presentado toda la documentación requerida.

Colau ha acabado su mensaje advirtiendo de que la muerte de este hombre «no debería haberse producido». La alcaldesa ha exigido «a los juzgados» que revisen «los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente». También ha reclamado al PSOE que «desbloquee ya la propuesta de una nueva ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en casos de vulnerabilidad acreditada».

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