Una de las concesiones que el Ejecutivo tenía pensadas para apaciguar al separatismo era la rebaja del delito de sedición. Esta medida facilitaría el regreso de los políticos secesionistas fugados al extranjero y restaría gravedad penal a posibles delitos que el secesionismo pudiera cometer en el futuro —no hay que olvidar que siguen repitiendo que lo «volverán a hacer». Sin embargo, la pretensión del Gobierno ha chocado con el rechazo de las fuerzas separatistas, que seguramente no quieren avalar un delito, aunque rebajado, que podrían volver a cometer.
Así, el presidente del Gobierno aseguró en el Congreso que la «voluntad» del Gobierno sigue siendo la actualizar el delito de sedición y adecuarlo a los países e nuestro entorno. En este sentido, aseguró que los penalistas consultados por el Ejecutivo insisten en que se trata de un delito desfasado. Además, recordó que dicho delito no fue reconocido por Alemania cuando el fugado Puigdemont fue detenido allí, con lo que no pudo ser entregado a las autoridades españolas.
Sin consenso político
No obstante, Sánchez tuvo que admitir que el Ejecutivo actualmente no cuenta con apoyos parlamentarios para sacar la reforma adelante. «No veo que haya una mayoría parlamentaria», señaló, recordando que el «Gobierno tiene 155 escaños». «Nuestra voluntad persiste, lo queremos hacer, pero no hay, lamentablemente, un consenso político», confesó. Y es que, tal y como explicó en marzo en una entrevista en La Vanguardia el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no existen ahora «mayorías que podrían aprobar esa reforma. No veo a los partidos conservadores muy dispuestos, pero tampoco acabo de ver a los independentistas admitiendo que cometieron un delito».
