El separatismo no parece dispuesto a hacer cumplir la Ley de manera estricta si ésta interfiere en sus objetivos políticos. Ésta parece la consigna que sigue el Govern a tenor de una información publicada por el diario El País según la cual la Generalitat no tramitó el año pasado ninguna de las 1.200 actas abiertas por los Mossos d’Esquadra en manifestaciones y reuniones públicas celebradas en Cataluña. Esta realidad, recogida en la memoria de Interior del año pasado, ha generado malestar en la policía catalana, que siente su labor despreciado por la Generalitat.
La policía autonómica achaca la pasividad administrativa de la Generalitat al Ejecutivo de Quim Torra, que rechazaba penalizar a los manifestantes secesionistas con sanciones económicas para no perjudicar a la causa. Esto explicaría que de las 1.200 actas abiertas durante las más de 5.000 concentraciones y manifestaciones —un gran número de ellas vinculadas al procés—, no se haya iniciado ningún expediente sancionador. Fuentes policiales recuerdan que las actas abiertas por los Mossos deben ser tramitadas por la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS), que puede archivar el expediente o poner una multa. Estas fuentes explican también que la tramitación puede ser complicada, pero no tanto como para justificar que no se haya impuesto ni una sola sanción.
La policía ve inútil su trabajo
La policía catalana explica que el origen de la paralización de los expedientes son, en gran medida, los cortes de tráfico diarios practicados por los separatistas en la avenida Meridiana. Según relatan estas fuentes al diario de Prisa, el pretexto de que el derecho de manifestación prevalece sobre cualquier otro ha servido a al la Generalitat para paralizar cualquier propuesta de sanción. Ante esta situación, los agentes denuncian la «falta de sentido» de sus acciones, pues éstas acaban careciendo de recorrido por culpa del Ejecutivo catalán.
