La Unión Europea estudia trasladar a Ruanda a inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos han iniciado negociaciones con el país africano para crear un centro de retorno, con el objetivo de realizar los primeros traslados en 2027.
La iniciativa, liderada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. El proyecto se dirige principalmente a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que no puedan ser devueltas a sus países de origen.
Según Reuters y Euronews, los centros podrían funcionar como instalaciones abiertas, con permisos de residencia y libertad de movimiento para los migrantes. Las negociaciones todavía deben definir las condiciones, los costes y las garantías jurídicas del acuerdo.
La UE impulsa centros de retorno fuera de sus fronteras
El proyecto se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, aprobado el 1 de octubre de 2026, que permite crear centros de retorno fuera del territorio comunitario mediante acuerdos con terceros países.
La normativa exige que las personas trasladadas tengan una orden de retorno y que se respeten sus derechos fundamentales. También prohíbe enviarlas a países donde puedan sufrir persecución o tratos inhumanos y excluye a los menores no acompañados.
La reforma busca aumentar las deportaciones efectivas, ya que en 2025 solo se ejecutó el 28% de las órdenes de retorno, según la Comisión Europea.
Bruselas ha respaldado las negociaciones con Ruanda, aunque todavía no ha comprometido financiación. En principio, los cinco países participantes deberán asumir los costes del proyecto.
España y Francia rechazan el plan
La iniciativa ha generado diferencias entre los gobiernos europeos. España fue el único país que votó en contra del nuevo Reglamento de Retornos, mientras que Bélgica se abstuvo.
El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza estos centros por los posibles problemas de seguridad jurídica y las garantías de protección de los migrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de los riesgos de trasladar a personas y familias a países con los que no tienen ninguna vinculación.
Francia también se opone al modelo. Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha alertado de los posibles riesgos para los derechos fundamentales y ha pedido evaluar las consecuencias de estos traslados.
El precedente del acuerdo británico con Ruanda
El proyecto tiene como precedente el acuerdo impulsado por Reino Unido con Ruanda para trasladar solicitantes de asilo al país africano. Sin embargo, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan en noviembre de 2023 por el riesgo de que los migrantes fueran devueltos a territorios donde podían sufrir persecución. La iniciativa terminó abandonándose.
El plan europeo se diferencia de aquel porque está dirigido a personas cuyas solicitudes de asilo ya han sido rechazadas y que han agotado las vías legales para permanecer en la UE.
Otro antecedente es el acuerdo entre Italia y Albania, impulsado por Giorgia Meloni, que también ha afrontado obstáculos judiciales y operativos.
Por otro lado, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni han promovido una declaración conjunta sobre política migratoria que recibió el apoyo de 41 dirigentes europeos durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín el pasado 12 de noviembre.


