Los catalanes hemos asumido como normales cosas que son puras anomalías. Por ejemplo, la mezcla de la actividad de los separatistas como cargos electos con la meramente política. Es decir, cobran sueldos como cargos públicos y, en lugar de trabajar para toda la ciudadanía, dedican buena parte de su tiempo a hacerlo para el partido o en las actividades que interesan a la causa del procés. Un buen ejemplo de ello se está dando este lunes en la isla italiana de Cerdeña hasta donde se ha trasladado, por ejemplo, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC. El viaje tiene como único objetivo apoyar al fugado Carles Puigdemont en su comparecencia ante la Justicia italiana, que debe decidir si lo extradita a España, tal y como reclama el juez Pablo Llarena.
Hasta Cerdeña se ha desplazado también la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, de Junts. «No desaprovecharemos ninguna oportunidad para denunciar la represión que algunos impulsan, blanquean y normalizan», ha dicho Ciuró en su cuenta de Twitter, «no estás solo porque tu libertad representa la de todo un pueblo».
Lo cierto es cuesta creer que quienes acompañan este lunes a Puigdemont en Cerdeña se hayan rascado los bolsillos propios para el viaje. Todos o casi todos ostentan algún cargo público que les permite que sea el erario el que sufrague estos gastos. Así, en la italiana isla se encuentran, entre otros, la cupaire Dolors Sabater; la posconvergente Aurora Madaula; el secretario general de Junts, el indultado Jordi Sánchez; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el perejil de todas las salsas de la derecha y la ultraderecha catalanas, Pilar Rahola.
