Uno de las ideas que trajo la nueva política era la conveniencia que los políticos imputados por corrupción no continuasen en sus puestos. Sin embargo, parece que el Gobierno nacionalista está resuelto a desandar ese camino. No en vano, este martes la Mesa del Parlament debate un informe de los letrados que plantea suprimir el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara Catalana, que dicta que los diputados a los que se le abra juicio oral por corrupción vean suspendidos de inmediato sus derechos y deberes. Si el artículo es finalmente eliminado, la beneficiada no será otra que la presidenta del Parlament, la neoconvergente Laura Borràs, acusada de trocear contratos cuando se encontraba al frente del Institut de Lletres Catalanes.
El motivo por el que los servicios jurídicos de la Cámara proponen borrar ese punto en concreto es porque «no tiene ningún precedente ni referente» en el derecho parlamentario de la Cámara, y porque «contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental que presenta serias dudas de constitucionalidad con respecto a la presunción de inocencia». Para sustituirlo, plantean otro párrafo que establecería que el «pleno del Parlament puede acordar, por mayoría absoluta, la suspensión de los diputados» en caso de que hayan sido «condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que los imposibilite asistir a las sesiones plenarias». Esto es, que habrían de ser condenados para verse privados de su condición de parlamentarios.
Informe encargado por la Mesa que preside Borràs
El informe de los letrados parte de un acuerdo tomado por la Mesa del Parlament —presidida por la propia Borràs— a principios de septiembre. Ésta reclamó a los servicios jurídicos un documento que propusiera la revisión de artículos del reglamento que acarreasen «problemas de aplicación o interpretación».
