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Giró echa mano del victimismo separatista para justificar la decisión del TC contra la reforma del IRPF catalán

Asegura que el Estado "se carga" todo lo que decide el Parlament si estas decisiones "atentan contra su poder"

En el centro, el conseller Jaume Giró, durante una reunión telemática del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tal y como mandan los cánones del separatismo, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha echado mano este miércoles del victimismo para justificar la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar la reforma del IRPF que, según el anterior Govern, favorecería a las clases económicas más débiles. «Todo aquello que este parlamento decide», ha asegurado en referencia al Gobierno central, «se lo cargan si atenta contra su poder».

Según explicaba el experto Jesús Santidrián recientemente en un análisis publicado por elliberal.cat, durante la pasada legislatura la Generalitat «quiso hacer un regalito a las rentas más modestas» aun siendo consciente de que Cataluña es la comunidad autónoma en la que peor trato reciben. Para ello preparó una ley pactada con En Comú-Podem en cuyo artículo 88 establecía que «si la base liquidable era inferior a 12.450 euros, el mínimo personal aplicable en Cataluña no sería 5.550 euros, sino un 10% más, es decir, 6.105 euros». Esto significaba básicamente que «la cuota autonómica no se rebajaría en el 12% sobre 5.550 euros (666 euros), sino en el 12% sobre 6.105 euros (733 euros, un 10% más)», por lo que «el regalito ascendía a 67 euros«.

La ley autonómica fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por considerar que  «la Ley de Cesión de Tributos permite a las comunidades modificar el mínimo personal y familiar del IRPF autonómico, con un margen del 10%, pero manteniendo los mismos supuestos que contempla la ley estatal del IRPF», señalaba Santidrián en su artículo. Y añadía que los supuestos a tener en cuenta son «mínimo personal, por ascendientes, por descendientes y por discapacidad». De ahí que «establecer un mínimo personal y familiar por el nivel de renta está fuera de la Ley de Cesión». Aunque el Gobierno central avisó a la Generalitat, esta decidió seguir adelante y el Constitucional ha terminado dando la razón al Estado. .

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