El separatismo suele hablar de un sol poble refiriéndose a Cataluña. Sin embargo, luego su acción gubernativa se caracteriza por aplicar políticas discriminatorias contra la población castellanohablante o no separatista. Y es que, a la discriminación lingüística que aplica en las escuelas contra los hispanohablantes, se le suman otras como la discriminación que Salud ha aplicado a la hora de vacunar a Policías y Guardias Civiles, según acaba de demostrar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Así, el TSJC ha condenado a la Generalitat por el «trato injustificado y discriminatorio» que mantuvo con los policías nacionales y los guardias civiles durante la vacunación de la Covid en comparación con el que tuvo con los Mossos d’Esquadra. La sentencia reprocha al Govern su «falta total de iniciativa» para vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña y de haber «retrasado» el proceso a propósito.
Lo prueban los datos de la misma Generalitat
El fallo considera demostrado que la Generalitat no tuvo la «misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos». La pruebas, según el tribunal, se encuentran en los propios datos disponibles en la página web de Salut. Por todo ello, el Alto Tribunal obliga a la Generalitat a asumir los costes procesales, si bien establece un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos.
