Dado que el Ejecutivo socialista haya hecho suyas las tesis lingüísticas del separatismo y afirma que no «hay ningún problema con la lengua» en Cataluña, la sociedad civil constitucionalista en esta comunidad se ha visto abocada a acudir a la Justicia para que los derechos lingüísticos de la mitad de los catalanes no sigan siendo conculcados. Así, después de denunciar ante Fiscalía el acoso al que está siendo sometida la familia que consiguió en una Escuela de Canet de Mar que su hijo recibiese un 25% de las clases en castellano, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha llevado al mismo organismo la encuesta en la que se pregunta a los escolares, sin el consentimiento de los padres, por el uso del español de los profesores.
Su presidenta, Ana Losada, ha solicitado esta mañana al Ministerio Fiscal las actuaciones necesarias «a fin de evitar la distribución de la encuesta a la que se refiere el presente escrito», en relación con la encuesta del Síndic de Greuges en la que pregunta a los menores si alguno de sus docente opta por usar el castellano en lugar del catalán. Según un comunicado, el escrito defiende que el sondeo «carece de utilidad formativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998». Y es que, tal como denuncia la AEB, esta captación de datos, además de fiscalizar la lengua usada por los profesores, atenta contra la intimidad de los alumnos, que deben revelar que lengua usan con sus padres y amigos.
Contra la libertad de ideología y pensamiento
Por todo ello, la asociación solicita la intervención del Ministerio Fiscal invocando la Ley Organíca de Protección Jurídica del Menor, las mencionadas leyes educativas de 2006 y 2009 y la condición del menor como titular de libertad de ideología, de conciencia y de religión (LO 2/2006) y de libertad de pensamiento (Convención de los Derechos del Niño de 1989, en BOE 1990).
