Según el Tribunal de Cuentas, los líderes separatistas destinaron ilegalmente 9,5 millones de euros al referéndum secesionista ilícito del 1 de octubre de 2017 y la trama exterior del procés a través de las «embajadas» de la Generalitat. Se sabía que el Gobierno catalán no contempla reclamar ese dinero defraudado a las arcas públicas. Sin embargo, ahora conocemos que el Gobierno central, que depende en el Congreso de sus pactos con Esquerra y que ha entablado con el secesionismo una mesa de negociación, tampoco piensa exigir que se reintegre el dinero malversado, según publica hoy el diario El Mundo.
Fuentes del Ministerio de Justicia han desvelado al rotativo que no reclamaran los fondos citados porque la «Generalitat de Cataluña es la única administración legitimada para formular demanda». De esta manera, dan por buena la decisión de la Abogacía General del Estado de no personarse en el caso e instar la devolución del dinero al considerar que «los fondos en cuestión eran de la Administración autonómica» y no de la central. Cabe recordar que el exministro Ábalos ya juzgó esta causa «una piedra en el camino» del diálogo con el secesionismo. Siendo así, los únicos que permanecen personados en la causa son los que ya estaban hasta ahora: Sociedad Civil Catalana, el Ministerio Fiscal y los presuntos responsables contables.
Ultima oportunidad: la Fiscalía
Ahora, si transcurridos 20 días la Generalitat o la Abogacía del Estado no instan a la devolución del dinero, se concederá otro plazo idéntico para que el Ministerio Fiscal también pueda formular la demanda. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas no cuenta con la garantía de que la Fiscalía presente dicha demanda, puesto que el fiscal anterior, Miguel Ángel Torres —que sí pensaba hacerlo—, ha sido sustituido por Manuel Martín Granizo, elegido por la Fiscal General del Estado y exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.
