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Antifraude pide explicaciones a la Generalitat por un contrato de 35 millones para material sanitario

La OAC considera que el Govern adelantó de manera "temeraria" 35 millones de euros a una empresa de la que no se tenía referencias previas

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La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha abierto una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de compra de material sanitario efectuado por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) durante la primera oleada de la pandemia, el 19 marzo de 2020.

Según consta en el expediente del contrato enviado por el ICS a Antifraude, el 19 de marzo de 2020, se contrató por emergencia a la empresa Basic Devices el aprovisionamiento de material sanitario por un importe inicial de 60,58 millones de euros. Un día después, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda le adelantó 35 millones de euros. Sin embargo, la empresa levantó sospechas de estafa, por lo que la propia Generalitat presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, que finalmente retiró. 

Falta de transparencia

Una de las deficiencias que ha destacado la OAC es la falta de referencias previas objetivas de esta empresa ya que no consta en el Registro Público de Contratos de la Generalitat ningún contrato previo al mencionado. Tampoco queda claro cuál es el origen de los contactos preliminares de Basic Devices con el ICS ni las condiciones en las que se ejecutó esa prestación de urgencia como, por ejemplo, si existía una garantía de la entrega del material.

Según la OAC no queda claro cuál es el origen de los contactos preliminares de Basic Devices con el ICS ni las condiciones en las que se ejecutó esa prestación de urgencia.

«Las consultas preliminares al encargo de emergencia realizado a Basic Devices no han sido ni aclaratorias ni transparentes», ha concluido Antifraude. «Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción».

En el momento de la contratación, la compañía no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social, lo que podría suponer un incumplimiento del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

El 9 de febrero, después de examinar el contrato, el director de la Oficina Antifraude remitió dos informes razonados al consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró y a la directora gerente del ICS, Yolanda Lejardi para que, en el plazo de 30 días den las explicaciones pertinentes.

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