El constitucionalismo ha reaccionado con contundencia y ha solicitado la dimisión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de que el juez instructor la haya dejado a las puertas de un juicio oral por cuatro delitos vinculados por corrupción. No en vano, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprecia «indicios racionales de criminalidad» en la conducta de Borràs al frente del Institut de les Lletres Catalanas (ILC), donde troceó contratos para beneficiar presuntamente a un amigo. Los delitos que podría haber cometido son «prevaricación administrativa, fraude, falsedad documental y malversación».
Por una parte, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha solicitado formalmente la comparecencia de Borràs para aclarar los detalles de su imputación. Eso sí, aclaró que «si dimite, ya no hace falta que lo haga». Por otra, la popular Lorena Roldán, se ha expresado en la misma línea: «Le pedimos que nos ahorre el mal trago y que dimita. Ella sabe como acabará: el auto llegará y que nos ahorre la imagen que va en contra del prestigio del Parlament». En cuanto al PSC, se ha mostrado menos rotundo, evitando pedir la dimisión de Borràs pero solicitando que se aplique el reglamento de la cámara que establece que los diputados imputados por corrupción deben ser suspendidos.
