Los 11 diputados de Vox en el Parlament han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el fin de que este ponga en marcha la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a la Generalitat a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Lo han hecho en su condición de «padres de hijos en edad escolar y en representación de los 217.000 ciudadanos de Cataluña» que votaron a esta formación en las elecciones autonómicas de 2014.
«Ante la dejación de funciones del Gobierno«, ha explicado el presidente del grupo, Ignacio Garriga, «y asumiendo nuestra responsabilidad con los catalanes, hemos ejercido de verdaderos líderes de la oposición». Garriga ha asegurado que Vox irá «a por todos los responsables de vulnerar los derechos legítimos» de quienes desean que sus hijos sean «escolarizados en castellano». Con este fin, solicitarán «el requerimiento personal de aquellos directores de los centros que no den cumplimiento, la imposición de multas coercitivas del conseller de Educación si persiste en el incumplimiento de la sentencia y se reserva la posibilidad de acabar interponiendo una querella».
«La impunidad del separatismo«, ha advertido Garriga, «se ha acabado con Vox». El líder del partido ha recordado que el rechazo del Govern a acatar la sentencia del TSJC supone un desprecio a los tribunales. Y ha recordado que los independentistas son «capaces de acosar a un menor de edad con tal de llevar a término su imposición del catalán en las aulas».
