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Sigue la persecución del castellano en la universidad: 209 quejas contra profesores por no hablar catalán

Denuncian a una profesora que pidió a sus alumnos que hablaran en castellano por deferencia hacia unos Erasmus

La sectaria Plataforma per la Llengua mantiene la persecución de los docentes que utilizan el castellano en las universidades de Cataluña, Valencia y Baleares.

La persecución del castellano en las universidades catalanas no cesa. En los últimos cuatro meses, la campaña La Universitat, en català ha fomentado la presentación de un total de 209 quejas en universidades de Cataluña, Valencia y Baleares contra docentes que emplean el castellano en sus clases. La campaña es una acción de la Plataforma per la Llengua, entidad conocida por espiar a menores en los patios de los colegios y por fomentar la persecución de comerciantes y trabajadores que no utilizan el catalán. Participan en la misma el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) y el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA).

Según los datos presentados este miércoles por los promotores de esta persecución, la universidad en la que más quejas se han presentado es la UAB, con un total de 59. La UB ha registrado 38 quejas, mientras que en la UPC han sido 31. En la Pompeu Fabra se han quejado un total de 29 estudiantes y en la UOC han sido 10. El centro que menos quejas ha registrado en estos cuatro meses ha sido el de la Universitat Internacional de Catalunya, con tan solo una queja.

Cambios de lengua

El 58% de las quejas recibidas se debe a «cambios de lengua de una asignatura respecto de la lengua anunciada en el plan docente». El 24% de estas reclamaciones se centra en «la falta de oferta de asignaturas en catalán«. Según los organizadores, «es más fácil percibir la discriminación cuando el docente sustituye el catalán por el castellano». Otros alumnos se han quejado por «la ausencia flagrante de asignaturas en catalán en algunos grados y, sobre todo, en masters y postgrados».

El 18% restante de las 209 quejas obedece a supuestas «vulneraciones de otros derechos lingüísticos» como «profesores que piden a los alumnos que hagan los trabajos en castellano» o correos informativos de los centros universitarios enviados solo en esta lengua e inglés.

Los organizadores, finalmente, denuncian casos como el de una profesora de la UPC que «cortó en dos ocasiones las intervenciones en catalán de dos alumnos para exigirles que cambiaran al castellano argumentando que había dos estudiantes del programa Erasmus que no entendían el catalán».

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