Pese a que, supuestamente, los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los protagonistas de la asonada de 2017 y las concesiones efectuadas a sus socios de ERC habrían rebajado la tensión secesionita, lo cierto es que el movimiento no rebaja el tono inflamado de sus denuncias. Así, tanto el Ejecutivo catalán como los lobbies separatistas insisten en que España es una dictadura en la que se quebrantan de continuo los derechos de los ciudadanos partidarios de la secesión.
Una nueva prueba de esta estrategia es el «mapa de la represión» que acaba de elaborar la entidad ultra Òmnium Cultural, que, con un lenguaje muy vehemente, denuncia los supuestos abusos sufridos por el movimiento separatista. En concreto, la iniciativa —titulada La Antirepresiva (2017-2022)— asegura que «nada ha cambiado, la represión del Estado español no se para», y cifra en más de 400 las «personas represaliadas por ejercer el derecho de autodeterminación».
A continuación, bajo el rótulo «Nos pegan», informan de que 1.639 personas han sido presuntamente víctimas de violencia policial y expresiones fascistas» —entre ellas, incluyen a los activistas atendidas tras el referendúm ilegal de 2017 o los que protagonizaron los altercados tras la sentencia del procés en 2019—. En el apartado «Nos juzgan», por su parte, sitúan en 1432 las personas investigadas en procedimientos penales —entre los que incluyen a los sentenciados por el procés o procesados por participar en protestas violentas—. Asimismo, también registran a 1.200 persona afectadas por procedimientos contables en «Nos ahogan económicamente» —incluyendo a los políticos investigados por malversar fondos durante el desafío separatista—. Por último, el capítulo «Nos espían» denuncia a los 65 políticos supuestamente espiados en el caso Pegasus.
