La empresa española de multimovilidad Cabify ha anunciado su intención de seguir operando en Cataluña mientras estudia cómo adaptarse a una regulación que supone la práctica eliminación del sector VTC. Este sector, liderado en Barcelona por Cabify aporta, ha dicho la compañía «soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios, y que evita que más de 350.000 coches particulares circulen al mes por las calles de la ciudad y su área metropolitana».
Por eso, mantiene Cabify que su vocación es la de seguir operando en Barcelona, «tal y como lleva haciendo desde hace 10 años, lo que refleja su compromiso con la ciudad». Además, ha aclarado que siempre se ha preocupado de adaptarse a las normativas vigentes «a pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino, ofreciendo un servicio de calidad para usuarios, visitantes y empresas de la ciudad, contribuyendo a una movilidad más sostenible en Barcelona». De hecho, celebra la compañía, que «en base a miles de respuestas de usuarios que puntúan su experiencia tras cada viaje, la calidad media del servicio de VTC de Cabify en Barcelona se sitúa en 9,6 sobre 10, siendo una de las ciudades con mejor valoración».
150 millones de euros en nuevas inversiones y miles de puestos de trabajo en peligro
Según la compañía, continúa avanzando en el camino hacia la electrificación, de acuerdo a su Estrategia de Negocio Sostenible y en esa línea, «se ha marcado el objetivo de que el 100% de los viajes que se realicen a través de la plataforma sea en vehículos cero emisiones en 2025 en España y en 2030 a nivel global». Relacionado con ello, Cabify planificaba la renovación íntegra su flota para cumplir con estos objetivos, una inversión prevista en más de 100 millones de euros en los próximos 3 años, a los que hay que sumar más de 50 millones de inversión de otros autónomos y empresas colaboradoras del sector VTC, impulsados gracias a la actividad de Cabify. En total, 150 millones de euros que el nuevo Decreto Ley pone en peligro.
Cabify planificaba la renovación íntegra su flota (prevista en más de 100 millones de euros), a los que hay que sumar más de 50 millones de inversión de otros autónomos y empresas colaboradoras del sector VTC. En total, 150 millones de euros que el nuevo Decreto Ley pone en peligro.
Unas condiciones inasumibles para el sector
Según ha denunciado la empresa en su comunicado, por poner un ejemplo, «la escasez de vehículos en el mercado que cumplan con unas medidas completamente arbitrarias estipuladas en una longitud mínima de 4,90 metros es un requisito injustificado y exclusivamente diseñado para acabar con un sector que aporta soluciones de movilidad a ciudadanos, empresas y visitantes». Como ejemplo, sostiene que «en 2021 se matricularon en España 859.477 turismos y todoterrenos en España y de todos ellos, sólo se matricularon 8.544 coches con la etiqueta ECO o Cero y una longitud de más de 4,90 metros, según datos de Ideauto, lo que supone un 0,99% del total. Es decir, menos del 1% de los coches vendidos en España en 2021 cumplen con los desproporcionados requisitos de la Generalitat, con una regulación que pretende limitar a la VTC a un servicio para unos pocos, relacionado con el lujo o la gama alta en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos y la movilidad de toda la sociedad.
