El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición de la presidenta del Parlament, la posconvergente Laura Borràs, de ser juzgada por un jurado popular. Borràs tendrá que sentarse próximamente en el banquillo acusada de presuntos delitos de corrupción por un supuesto fraccionamiento de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), beneficiando a su amigo Isaías Herrero.
La Fiscalía del TSJC solicita para la también presidenta de Junts una pena de seis años de cárcel y otra de 21 años más de inhabilitación. El juez instructor del caso considera que existen indicios de que Borràs cometió los delitos de falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa continuada, fraude administrativo y malversación de fondos públicos. Borràs calificó la semana pasada esta solicitud de la Fiscalía como «terror psicológico» y, a día de hoy, sigue negándose a dimitir de sus cargos de presidenta de la Cámara autonómica y de diputada.
El TSJC también ha rechazado la recusación de Borràs contra el magistrado Carlos Ramos y, según recoge El Triangle, lo ha hecho calificando la maniobra de Gonzalo Boye, abogado de la presidenta, como «abuso de derecho y fraude procesal«. El tribunal, finalmente, también ha rechazado el recurso de reforma presentado por Borràs con el fin de obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una supuesta vulneración de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
