De nuevo, el nacionalismo catalán desoye las sentencias judiciales y sitúa su acción política al margen de los cauces legales. Y es que, pese a que, como informó recientemente ElLiberal.cat, el Tribunal Supremo ha anulado el proyecto lingüístico de dos centros escolares por no contemplar el castellano como lengua vehicular, el Govern mantendrá la exclusión del español en dichos colegios alegando que la «anulación» que exige el Supremo es «inaplicable».
«El Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior», adujó ayer la secretaria general de la Conselleria de Educació, Patricia Gomà. El marco normativo al que se refiere Gomà es una ley impulsada ad hoc por los partidos nacionalistas y el PSC hace unas semanas en el Parlament para frenar la aplicación del 25% de castellano escolar que dictaron los tribunales. Esta norma de ámbito catalán ha conseguido paralizar la implantación del castellano como vehicular pues prohíbe expresamente fijar porcentajes lingüísticos, y está a la espera de ser avalada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, tal y como ha argumentado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la sentencia del Supremo sigue siendo valida, recordando que «los proyectos lingüísticos fueron anulados porque el castellano no era lengua vehicular, no por los porcentajes». Y precisa: «La Generalitat recurrió al Supremo las sentencias basándose en la legitimidad de los padres demandantes, no porque el castellano no fuese vehicular».
