Recientemente, el Tribunal Supremo anuló los proyectos lingüísticos de dos escuelas en Barcelona y Abrera por no incluir el castellano como lengua vehicular al menos en un 25%, derecho garantizado por la Constitución española. Pese a ello, la Generalitat anunció sin embozo que volvería a incumplir la legalidad dado que la sentencia resultaba «inaplicable» tras el nuevo marco normativo impulsado ad hoc por los nacionalistas y el PSC para burlar la sentencias del 25%.
Pues bien, una vez más, los sindicatos han mostrado su adhesión al Gobierno nacionalista proclamando en redes su rechazando la acción de la Justicia en el terreno lingüístico. «Rechazamos la politización y la judialización de la escuela», ha manifestado en Twitter la sectorial de Educación de Comisiones Obreras a raíz de la anulación antes citada. De la misma manera, han subrayado su «defensa del actual modelo lingüístico» y exigido «protección jurídica a todo el personal a los centros educativos», esto es, tratar de blindar a la dirección y el profesorado para que no sufrir las consecuencias de quebrantar la legalidad.
Por otra parte, estos días ha vuelto a circular por redes un cartel de este sindicato en defensa del nacionalismo lingüístico. En él, aparece una activista cruzando los brazos con gesto enojado junto a la consigna: «Defendemos el modelo de Escuela Catalana. ¡No nos toques la lengua!». No han sido pocas las voces constitucionalistas que han aprovechado para cuestionar dicho mensaje. Entre ellas, la de la analista Andrea Martínez Molina. «Cataluña, ese lugar donde los sindicatos deciden ponerse contra la mayoría social castellanohablante con consignas del nacionalismo más recalcitrante y clasista, ayudando a los poderosos a atropellar derechos en lugar de ponerse al lado de quienes los han peleado y ganado», ha reflexionado Martínez Molina.
