El movimiento a favor de bilingüismo escolar cobra más fuerza cada día, desmintiendo el presunto consenso en torno al veto al castellano que suelen esgrimir tanto nacionalistas, como socialistas y comunes. Una demostración de su vigor activista tuvo lugar ayer en el Parlamento Europeo, donde, concidiendo con el Día de la Hispanidad, las principales asociaciones constitucionalistas a favor del bilingüismo—Impulso Ciudadano, Docentes Libres, AEB y PLIS, entre otras— reivindicaron la vehicularidad del castellano en Cataluña a iniciativa de la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa.
Esta última recordó en la Eurocámara, durante la sesión de debate, que el poder nacionalista está aplicando «el monolingüismo catalán en la escuela como la Dictadura impuso el español». «Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE del siglo XXI», denunció Pagaza.
Exigen una nueva regulación en España
«Tenemos que lograr una defensa jurídica y una repuesta social a este atropello. Es imprescindible una nueva regulación en España con el español como lengua vehicular en la enseñanza. Y necesitamos un frente cívico en toda España que reclame lo básico: el derecho a estudiar en español también», defendió, por su parte, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano. Mientras, Carlos Silva, de Docentes Libres, criticó que el «nacionalismo ha vuelto a poner en marcha una nueva causa general para la exclusión del español en todos los ámbitos, especialmente en la Educación», y que la persecución del castellano, incluso en las relaciones personales, revela un panorama de tintes «siniestros».
Finalmente, Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, hizo hincapié en la importancia de que se cumpla la sentencia del 25% en los colegios catalanes. «Esto es un problema para Europa porque un miembro de la UE, el Gobierno de España, no ha hecho nada para que la sentencia se cumpla», advirtió. Y añadió: «Europa debe ser la que fuerce a que se cumplan las sentencias en Cataluña y se ponga fin ya a la discriminación».
