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12 CDR se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos de terrorismo

El juez García Castellón considera que querían convertirse en una célula extremadamente violenta en Cataluña

Queman dos muñecos con la imagen de Felipe V y Felipe VI en un acto de los CDR por la Diada Foto: Europa Press

12 miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concluido la instrucción de esta causa por la que estos separatistas radicales serán acusados del delito de pertenencia a organización terrorista.

Según recogen diversos medios, el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 da luz verde a que estos independentistas sean juzgados tras una investigación que comenzó en septiembre de 2021 bajo el nombre de Operación Judas. A nueve de estos separatistas se les imputaron entonces los delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. Uno de los casos fue archivado por razones médicas.

Hoguera en Barcelona durante la protesta de los CDR contra la sentencia del 1-O Foto: Europa Press

García Castellón considera que este grupo de separatistas estaban dentro de los CDR como un Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Un grupo de independentistas creyentes en la causa separatista y al que se le podrían encargar acciones sensibles para las que utilizarían la violencia. Los ERT habrían participado en algunas de las acciones más contundentes de los CDR como los cortes de carreteras o levantar las barreras de los peajes. Su objetivo más importante, sin embargo, era el de ocupar el Parlament durante una semana. El acceso a la Cámara autonómica les sería facilitado desde el interior de la misma y se «comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos», según recoge Europa Presss. Otros objetivos de los ERT podrían haber sido la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno en Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El juez señala también que este grupo podría considerarse como «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos» que habían puesto en marcha en «domicilios particulares».

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