El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha denunciado públicamente los próximos pasos que darán el separatismo y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el fin de lograr la ruptura entre Cataluña y España. Fernández tiene clara la hoja de ruta o agenda pactada entre ERC y el presidente del Gobierno. Tanto es así que ya la expuso hace un año y medio y, de momento, sus advertencias se han ido cumpliendo.
La reforma del delito de sedición anunciada por Sánchez es un paso más dentro del proyecto independentista catalán. Fernández subrayado que los independentistas volverán a intentar el golpe de 2017 pero, ahora, no tendrán «ni nada ni nadie delante» para impedirlo. Y para ello están actuando, con la colaboración del PSOE desde el Gobierno, en siete ámbitos. Asentados ya los indultos y la prohibición al CNI de seguir investigando al movimiento separatista, ha llegado la reforma de la sedición. A esta, según el presidente del PP, le seguirán actuaciones como la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Algo que, ha asegurado, Sánchez «llamará modernización de inspiración europea», mientras que Pere Aragonés lo presentará como «echar a las fuerzas de ocupación».
Una Justicia solo independentista
El siguiente punto de esta agenda, ha avanzado Alejandro Fernández, será «que la Justicia española no tenga jurisdicción en Cataluña«. Algo que ya pretendieron con la reforma del Estatut d’Autonomia, recurrido por el PP centrando su rechazo sobre todo en esta cuestión. «Fue el recurso más crucial y necesario» de los presentados por los populares en aquel momento, ha recordado. Ahora, para conseguir su objetivo, «pretenden sustituir a los actuales jueces por interinos y asesores de la Conselleria de Justicia».
Llegará después la autodeterminación. En este sentido, el líder de los populares en Cataluña ha recordado que en la mesa de Pedro Sánchez ya está la propuesta del Govern de Aragonés de celebrar una consulta «a la canadiense». Y, paralelamente, se pretende desde la Generalitat lograr un compromiso con el Gobierno central para «limar las atribuciones constitucionales de la Corona». Un objetivo que se basa en el afán de «venganza» de los separatistas contra Felipe VI por su «necesario» discurso de octubre de 2017. Y para ello «necesitan un Tribunal Constitucional a medida de Pedro Sánchez».
Ante este panorama, Fernández ha admitido que los constitucionalistas pueden experimentar «angustia interior«, pero también ha señalado que es posible actuar. Y para ello ha ofrecido tres propuestas: fortalecer el Estado de Derecho en Cataluña, apoyar al constitucionalismo catalán y conseguir «una nueva mayoría de españoles y catalanes que refuerce el Pacto Constitucional de 1978».
