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Profesores de La Salle de Palma apoyaron el referéndum ilegal del 1-O

Calificaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución de medida "autoritaria" y "pseudodemocrática"

Independentistas posando con urnas del referéndum ilegal del 1-O de 2017.

Una treintena de profesores del colegio concertado de La Salle en Palma de Mallorca apoyó el referéndum ilegal separatista del 1 de octubre de 2017. En concreto, publicaron un manifiesto en diciembre de aquel año en un medio de comunicación local posicionándose en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat. Este centro ha vuelto a ser protagonista de otro escándalo político en los últimos días por obligar a los alumnos de una clase de Bachillerato a retirar la bandera de España, que había sido colocada en el aula en apoyo a la Selección.

Entrada al colegio concertado La Salle en Palma.

Según ha publicado ABC este lunes, unos 30 docentes de La Salle criticaron duramente en 2017 la gestión realizada por el Gobierno central del problema creado por los separatistas en Cataluña. Así, calificaron la aplicación del 155 y otras medidas como «autoritarias, pseudodemocráticas y desproporcionadas«. Además, se refirieron a la consulta ilegal como «una legítima discusión social, ideológica y política». Los profesores alertaron de que el 155 no podía utilizarse para «ahogar demandas legítimas» y señalaron que no debía seguirse un camino de «respuesta meramente judicial y de represión policial».

Apoyo a profesores independentistas

Estos maestros rechazaron las críticas a docentes catalanes que habían sido acusados de utilizar las aulas como lugares de adoctrinamiento y defendieron a aquellos profesores que se habían implicado en la organización del referéndum ilegal. A estos últimos los definieron como «compañeros que estaban siendo cuestionados e investigados por llevar a cabo la labor educativa que la sociedad» les ha encomendado, según recoge ABC.

La dirección del centro se desvinculó de este comunicado emitiendo otro en el que exigía a los profesores que no utilizaran el nombre de La Salle para dar a conocer sus posicionamientos políticos e, incluso, amenazaron con actuar judicialmente si volvía a repetirse la situación.

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