Lograda la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación de caudales públicos, ERC ha anunciado este lunes sus condiciones para la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Así, la formación liderada por Oriol Junqueras y Marta Rovira quiere que esta consulta se lleve a cabo con una única pregunta «clara», como en 2017. La victoria del sí sería válida en caso de que participe más del 50% del censo y la respuesta a favor de la ruptura con España debería ser la elegida por un mínimo del 55%. Es decir, bastaría el apoyo del 27,5% para que el resultado de la consulta fuera favorable a la independencia.
La debilidad mostrada hasta ahora por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con respecto a los republicanos ha llevado a estos a poner sobre la mesa sus condiciones para la celebración de un referéndum pactado con el Estado. Una consulta que, según ha indicado ERC en un comunicado, bendecirá la ponencia política del congreso del partido, que se celebrará el próximo mes de enero. Los republicanos siguen pensando que es posible «articular la mayoría del 80%» en favor de la celebración del referéndum como «la mejor vía para ganar la república catalana». Estas serían sus condiciones de partida para, han dicho, abrir un debate en Cataluña y, a la vez, negociar con el Estado.
Recuperar el espíritu de 2017
ERC quiere, además, que se sumen a su propuesta el resto de formaciones separatistas y las entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), en un intento de reeditar la unidad independentista de septiembre y octubre de 2017.
En la misma nota, ERC explica estas condiciones vinculándolas a las de otras consultas de autodeterminación celebradas en otro países. Así, plantean que puedan votar los mayores de 16 años residentes en Cataluña y aquellos que, sin esta condición, puede participar en las elecciones autonómicas, tal y como sucedió en el referéndum de Escocia. En caso de que haya «una victoria clara del sí», debería abrirse un proceso de negociación con el Estado, «con mediación europea e internacional», tal y como «estableció el Tribunal Supremo de Canadá sobre el referéndum del Quebec«. Los porcentajes de participación y de voto son, finalmente, similares a los establecidos para el referéndum de Montenegro, que fue avalado por la UE.
