La Justicia no está dispuesta a que la Generalitat se salga con la suya en lo que a la imposición de la inmersión lingüística se refiere y, de este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicó el pasado día 23 una sentencia que pasa por alto los porcentajes de castellano para ordenar directamente que se impartan determinadas asignaturas troncales en esta lengua. La noticia la ha dado a conocer este martes la Asamblea para una Escuela Bilingüe en un comunicado en el que su presidenta, Ana Losada, ha explicado que la sentencia se basa en la aplicación del decreto y la ley aprobadas por la Generalitat con el fin de sortear las decisiones judiciales que imponían un 25% de castellano en las aulas catalanas.
La sentencia, ha explicado Losada en su nota, «reconoce el derecho de una alumna de un centro educativo público de Barcelona a recibir de manera efectiva en castellano, mientras esté escolarizada en el sistema educativo catalán, además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, una o varias materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículum y su categoría lectiva, puedan ser consideradas como principales».
Derecho constitucional del alumnado
Losada ha destacado el cambio de estrategia del TSJC, cuyo criterio «para garantizar el modelo de conjunción lingüística es el de un mínimo de asignaturas principales en castellano en la programación del centro». Todo con el fin de «asegurar el derecho constitucional del alumno a ser escolarizado en este idioma». José Domingo, vocal asesor de la AEB, ha indicado, por su parte, que la sentencia «acaba con la trama orquestada por el Gobierno de la Generalitat y otros grupos parlamentarios para suprimir el derecho a la escolarización en castellano en el sistema educativo catalán a través de una nueva normativa fraudulenta y claramente inconstitucional». Domingo, además, ha asegurado que esta sentencia demuestra que el «pacto político» entre el Govern y el Gobierno de Pedro Sánchez «ha fracasado».
Ana Losada, por otro lado, ha denunciado que los centros educativos catalanes mantienen una «política de opacidad» al no informar a las familias de los alumnos sobre «los criterios lingüísticos que emplean en la enseñanza de cada una de las asignaturas o materias». También ha puesto de manifiesto que tanto la Alta Inspección Educativa como el propio Gobierno han mostrado «una política complaciente» frente al «nuevo régimen lingüístico que trata de implantar el Departamento de Educación». Y ha anunciado que la AEB pondrá en marcha una nueva campaña cuyo objetivo será «recordar a las familias sus derechos lingüísticos», que se verán reforzados gracias a esta nueva sentencia. La entidad, además, «reanudará el asesoramiento para las familias que quieran interponer nuevas peticiones de enseñanza bilingüe en sus centros educativos».
La presidenta de la AEB, finalmente, ha recordado que, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, sobre el decreto y la ley de la Generalitat, «los centros educativos tendrán que garantizar unas asignaturas mínimas principales en castellano en sus proyectos lingüísticos o programaciones». Esto, ha añadido, variará «en función del entorno sociolingüístico«.
