Últimamente, un sintagma es repetido con frecuencia por los defensores del monolingüismo en Cataluña: el «derecho a vivir plenamente en catalán». Esta visión ha sido criticado en una tribuna en el diario El Mundo por el catedrático de derecho penal y vicepresidente de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano Rafael Arenas, que ha negado que tal derecho exista. Y es que, de existir, este derecho «implicaría que cabría exigir que los particulares utilizaran el catalán con preferencia al castellano y que las administraciones públicas renunciaran al español como lengua de comunicación».
Dicha situación no le antoja legitima a Arenas, pues la «acción de los poderes públicos ha de limitarse a facilitar el aprendizaje de las diferentes lenguas oficiales, pero absteniéndose de pretender influir en la lengua que utilizan los ciudadanos». Así, según el catedrático, «solamente corresponde a estos decidir en qué circunstancias y cómo emplean las distintas lenguas que conocen». Finalmente, Arenas explica que no se trata de respetar el monolingüismo de quien se niega a aprender una de las lenguas oficiales, sino de «garantizar el derecho de todos a usar la lengua que deseen; la lengua oficial que prefieran en sus relaciones con la Administración y la lengua por la que opten (oficial o no oficial) en las relaciones entre ellos».
