Nominalmente, los comunes no se inscriben en el nacionalismo, pero sus tesis lingüísticas suelen ser concomitantes con éste. No es de extrañar, pues, que el Ayuntamiento de Barcelona esté considerando ahora la posibilidad de imponer multas en la Ciudad Condal en caso de demostrarse una «vulneración de derechos» por ser atendidos en castellano y no en catalán. Así lo refleja un plan de Barcelona en Comú y el PSC para fomentar el catalán que estudia «atender las demandas sobre derechos lingüísticos, incluyendo la función sancionadora si corresponde».
La encargada de explicar el plan, que costará 24,2 millones de euros, fue la socióloga Marta Rovira, coordinadora del proyecto y candidata de ERC a la alcaldía de Vilasar de Mar, que ha aclarado sin embargo que a quien compete la imposición de multas es a Ada Colau, «como en otras vulneraciones como por razón de género u otras». El plan no ha tardado en ser criticado por la oposición.
«Colau y el PSC quieren gastarse 24 millones de tu dinero en la imposición del monolingüismo. El PP defiende la libertad y las oportunidades del bilingüismo. Hagamos normal en las instituciones lo que es normal en la calle», ha denunciado el candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.
Por su parte, la aspirante de Ciudadanos a la alcaldía, Anna Grau, ha advertido: «Que no digan que Ciudadanos no lo avisó: la Barcelona de Ada Colau se va a convertir en el Dragon Khan de Plataforma per la Llengua, en una montaña rusa de radares lingüísticos para «cazar» a hispanohablantes…».
