A petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la controvertida regulación de las licencias de vehículos de transporte con conductor, más conocidas como VTC. Una sentencia en la que la Justicia europea afirma que la regulación implantada en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre este tipo de servicio no se ajusta al Derecho europeo. Pero, a la vez, confirma que dicha regulación sí cumpliría con el Derecho comunitario si se basa en razones de «buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbanización», así como en la protección del medio ambiente. Razones todas ellas que la UE considera que pueden calificarse «de interés general».
El pronunciamiento del TJUE se produce tras la impugnación presentada por la sociedad Prestige and Limousine SL a la regulación de la AMB sobre las VTC ante el TSJC, solicitando que esta fuera anulada. Este reglamento establece que las empresas que ya tienen autorización para este tipo de vehículos han de contar con una licencia adicional para prestar sus servicios en la AMB. Además, fija que por cada licencia de VTC deben existir 30 de taxi. Ante esta impugnación, el TSJC mostró sus dudas sobre si el reglamento se ajustaba o no al Derecho europeo y por ello hizo la consulta. Una consulta a la que el TJUE ha respondido que las medidas del reglamento «no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi». Sin embargo, sí considera que la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi así como la exigencia de un permiso adicional «constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios VTC establecidos en la AMB».
Viabilidad económica del sector del taxi
El TJUE considera también que estas medidas podrían tener como objetivo «garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi», por lo que su motivo sería «de carácter de carácter puramente económico«. Y esta razón iría en contra del interés general. La segunda licencia, que debería ser otorgada por la AMB o por las comunidades autónomas, «debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano», añade el TJUE, «que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares de la AMB».
El Ayuntamiento de Barcelona considera que con este pronunciamiento la UE viene a darle la razón en su regulación. Así lo ha indicado la concejal del área, Janet Sanz, quien en un mensaje publicado en Twitter ha señalado que «las licencias han de seguir reguladas».
Barcelona tenia raó. Europa avala una regulació per limitar les VTC i posar ordre a les plataformes per motius com la gestió del trànsit i la lluita contra la contaminació
Les llicències han de seguir regulades👇🏻https://t.co/jBMxidol08 pic.twitter.com/CMspnoBFui— Janet Sanz (@janetsanz) June 8, 2023
El panorama queda muy abierto tras el pronunciamiento del TJUE. Y es que deben ser la Justicia y el Gobierno españoles los que tomen una decisión definitiva sobre el problema. Tito Álvarez, portavoz de la principal asociación del sector del taxi, Elite Taxi, ha señalado al respecto que es necesario que en Barcelona se mantenga la regulación, basándola en cuestiones como la congestión del tráfico y ha reclamado que se mantenga en la AMB «los taxis y las VTC tradicionales». Además, los taxistas ya han anunciado una protesta para el próximo miércoles en Passeig de Gràcia y Gran Vía, con el fin de exigir al Ministerio de Transportes que «acabe con esta pesadilla».
«A Barcelona ja no hi caben més vehicles. Ens hi hem de quedar els taxis i les VTC tradicionals, ningú més»
🗣️ Tito Álvarez, portaveu @Elite_TaxiBcn
🔗 https://t.co/sjLR8Ap2QY pic.twitter.com/mUoYYNscSF— bàsics (@basicsbtv) June 8, 2023