Dediqué mi artículo de hace un par de semanas (“Por la conciliación y la democracia”) a exponer el dilema con mayúscula al que se enfrentan los ciudadanos españoles el 23-J: apostar por mantener el orden constitucional actual que, con todos sus defectos recoge la Constitución de 1978, o permitir que el Estado democrático nacido de la Transición (1976-1978) se diluya con pactos y concesiones a fuerzas políticas minoritarias que nunca han ocultado su intención de sustituirlo por algo que nadie sabe muy bien qué es, posiblemente porque cada una de esas fuerzas tiene su propio modelo, aunque me atrevo a afirmar que, de seguir por la senda iniciada en esta Legislatura, se corre el riesgo de diluir la división de poderes y suplantar el concepto de ciudadanos libres e iguales por la noción identitaria (y al mismo tiempo excluyente) de ‘pueblo’, aunque quizá sería más apropiado hablar de ‘pueblos’ (vasco, catalán, gallego, etc.) en este caso.
Como los partidos PSOE y PSC se han mostrado siempre contrarios a llegar a cualquier pacto de gobierno con el PP, y como Sánchez ya rechazó la oferta del PP de formar un gobierno de coalición con PSOE y Ciudadanos tras las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015, la victoria por la mínima del PSOE-PSC el 23-J obligaría a repetir concesiones a los partidos que lo sostendrían a La Moncloa, realizando pactos con fuerzas de tan dudoso respeto al orden constitucional como Sumar-Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya (JxC), EH-Bildu, Compromís, etc., acuerdos similares a los realizados en la XIV Legislatura que contribuirían a erosionar aún más la división de poderes, el cumplimiento de las sentencias de los Tribunales, la independencia de jueces y fiscales, etc.
Invito a los votantes a meditar a lo que se exponen en caso de que el PSOE de Sánchez, que ya los engañó el 10-N, vuelva a ser el partido más votado
El indulto a los golpistas de ERC y JxC, en contra del dictamen emitido por el TS, la eliminación del delito de sedición del Código penal, y el haber convertido a EH-Bildu en uno de los socios prioritarios del Gobierno, dan buena prueba de ello. Y lo peor es que no hay nada en los programas y acción política desarrollada por los posibles socios del PSOE-PSC en la próxima legislatura que inviten al optimismo. Cada cual podremos votar el 23-J al partido que nos merezca mayor confianza, pero invito a los votantes a meditar a lo que se exponen en caso de que el PSOE de Sánchez, que ya los engañó el 10-N de 2019 olvidando en 48 horas su reiterado compromiso electoral de que no gobernaría nunca con Unidas Podemos, vuelva a ser el partido más votado el 23-J.
La primera medida de higiene democrática para evitar el riesgo de una repetición de las alianzas vividas en la última legislatura resulta bastante elemental: basta con no votar al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España, aunque su nombre casi haya desaparecido en la florida sopa de siglas que salpica nuestra geografía: PSdG-PSOE en Galicia, PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, PSIB-PSOE en las Islas Baleares PSE-EE PSOE en El País Vasco. PSN-PSOE en Navarra, etc. Pero conviene ir un paso más allá y meditar cuidadosamente a qué opción vamos a votar, si queremos evitar que la división del voto y las exigencias de algún partido minoritario nos aboquen a repetir las elecciones, como ya ocurrió en diciembre de 2015 y en abril de 2019. No se trata de una advertencia partidista sino más bien de una reflexión sugerida por la falta de entendimiento con los partidos minoritarios en ambos lados del espectro político.
Basta con no votar al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España, aunque su nombre casi haya desaparecido en florida sopa de siglas que salpica nuestra geografía
Quienes no se sientan defraudados por la gestión desplegada por los gobiernos presididos por Sánchez en la pasada legislatura deberían antes de depositar su voto sopesar las disensiones vividas dentro del gobierno de coalición PSOE-PSC y Unidas Podemos, e incluso dentro de la coalición Unidas Podemos entre las ministras Montero y Belarra, representantes de Podemos, y la vicepresidenta Díaz, representantes del PCEl, tensiones y disrupciones que a buen seguro volverán a aflorar incluso con mayor intensidad en un futurible gobierno de coalición entre PSOE-PSC y Sumar-Podemos. No estoy hablando en abstracto y guiado solo por prejuicios meramente ideológicos, sino por la preocupación que suscitan algunas leyes aprobadas en la pasada legislatura, poco meditadas y cuyos efectos perniciosos estamos padeciendo los ciudadanos.
Desde una óptica estrictamente fiscal, hay que incluir la “Ley 38/2022, de 22 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias”, que no solo constituye una injerencia en las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, sino que pretende reimponer el Impuesto sobre el Patrimonio, un gravamen que constituye una anomalía en los países de la OCDE y ningún economista prestigioso avala y aconseja. Y, en segundo lugar, la Ley 12/2023, de 23 de mayo, por el derecho a la vivienda que apuesta por diluir el derecho a los propietarios, reforzar los derechos de los arrendatarios y establecer controles sobre los alquileres, medidas populistas que tendrán consecuencias contraproducentes sobre la oferta de vivienda y los alquileres a medio plazo.
En Madrid asistimos en la anterior legislatura a numerosos desencuentros en la Asamblea donde Vox siguió una línea dura
En el ámbito social, se llevaría la palma la “Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual”, que el propio Gobierno se vio obligado a reformar, sin apoyo de Unidas Podemos y con el respaldo del PP, para frenar la cascada de excarcelaciones y reducciones de penas a cientos de condenados por agresiones sexuales. Y, en segundo lugar, la “Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, otro disparate legislativo que ignoró los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, las disfunciones observadas en algunos países que habían implementado legislaciones más permisivas y están dando marcha atrás, y ha recibido críticas fundamentadas de profesionales contrastados en la materia ante la falta de soporte científico y sus potenciales consecuencias perniciosas e irreversibles.
Pero una conclusión muy parecida puede extraerse al examinar lo acontecido en el otro lado del espectro político, si bien sus consecuencias han tenido menor impacto en la sociedad española al afectar únicamente a los gobiernos en algunas Comunidades Autónomas. En Madrid, por ejemplo, asistimos en la anterior legislatura a numerosos desencuentros en la Asamblea donde Vox siguió una línea dura, incomodando cuanto pudo la acción del gobierno presidido por Ayuso entre 2021 y 2023. Una confrontación estéril repetida en Extremadura tras las elecciones del 28-M. Encuentro bastante generosa la valoración de Ayuso sobre la cohabitación durante esos dos años: resulta “muy difícil, prácticamente imposible” entenderse con Vox porque “aunque a veces parten de la razón… la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral”. Partir de la razón es ya mucho conceder en este caso.
Un partido minoritario como Vox está legitimado por los votos recibidos a influir y modular algunas políticas antes de suscribirlas pero no a boicotear sistemáticamente la acción de gobierno del PP
Se entiende que la dirección de Vox no pueda prestar sus votos para investir a un candidato del PSOE en ninguna circunstancia, pero no cerrarse en banda por razones personalistas o mero cálculo electoral a que gobierne quien ha ganado las elecciones y va a desplegar políticas cuya frecuencia de onda está mucho más en sintonía con la suya propia que con las que pudieran desarrollar otras opciones políticas. Un partido minoritario como Vox (y me atrevo a decir que nunca será otra cosa) está legitimado por los votos recibidos a influir y modular algunas políticas antes de suscribirlas, pero no a boicotear sistemáticamente la acción de gobierno del PP para ponerlo en evidencia, ni a utilizar los votos recibidos como amenaza permanente de finiquitar la legislatura y hasta para impedir su puesta en marcha. Como los personalismos y actitudes maximalistas no van a desaparecer por arte de magia, el votante tendrá que sopesar si quiere apoyar a un partido que, en caso de tener en sus manos la llave para acceder a La Moncloa tras el 23-J, podría abocarnos a repetir el costoso proceso electoral, en lugar de respaldar al partido más votado y dispuesto a frenar el deterioro institucional de nuestra democracia.
En buena ley, ni Unidas Podemos en la pasada legislatura, ni Sumar-Podemos en la presente deberían formar parte del Gobierno de España porque varios de los partidos integrados en esas coaliciones rechazan abiertamente nuestro ordenamiento constitucional. En concreto y para no irme por las ramas, los líderes de En Comú Podem, la formación liderada por Colau, exalcaldesa de Barcelona, rechazan que España sea lo que constitucionalmente es, una monarquía, están a favor de realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y son partidarios de mantener la inmersión lingüística en catalán y excluir el castellano, lengua oficial del Estado español, como lengua vehicular en el sistema educativo catalán. Estos son los socios más importantes con que cuenta Díaz, la lideresa de Sumar, y solo un gobernante irresponsable los incluiría en el Gobierno de España.
Conviene no olvidar que casi todos los partidos moderan su discurso cuando tocan pelo y la realidad se impone a los discursos grandilocuentes
Como tampoco, conviene reconocer, Vox es un socio demasiado fiable para gobernar en España y en las Comunidades Autónomas. Las extravagancias verbales de sus líderes, sus continuadas reivindicaciones de un nacionalismo caduco, su ingenua defensa del liberalismo económico, sus posicionamientos simplistas sobre inmigración violencia de género y homosexualidad, y la ignorancia de que hacen gala cuando se refieren a cuestiones como el cambio climático, deberían alertarnos sobre los riesgos de que esta formación esté presente en un futuro gobierno de coalición por al menos dos razones: primera, el efecto paralizante que podría tener sobre la acción de gobierno: y, segunda, las desafortunadas consecuencias que podrían seguirse en caso de que algunas de sus políticas llegaran a implementarse. Ahora bien, conviene no olvidar que casi todos los partidos moderan su discurso cuando tocan pelo y la realidad se impone a los discursos grandilocuentes.
¿Quiere esto decir que la actual política de inmigración no debería revisarse, que la gobernanza de la UE no presenta deficiencias, que las políticas actuales de transición ecológica impulsadas por las instituciones europeas están bien diseñadas, que la gestión de las Administraciones Públicas, el sistema fiscal y los programas de gasto del Estado español son acertados y deseables, que la forma en que se ha abordado la violencia de género y la homosexualidad han sido acertadas y no pueden criticarse? No, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que Vox suele hacer un diagnóstico de trazo grueso y poco riguroso de esos problemas y las soluciones simplistas que propone no son precisamente las más apropiadas para resolver los conflictos en sociedades complejas.
El 23-J se me antoja un buen momento para expresar el rechazo ciudadano tanto al presidente del Gobierno como a la deriva del PSOE desde que Sánchez accedió a la secretaría general
Con frecuencia se repite que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. Me consuelo con la idea de que al menos nos otorga a los ciudadanos de a pie la posibilidad de expresar con libertad nuestras preferencias políticas, y lograr de vez en cuando cortar las alas a quienes nos gobiernan. Por ello, el 23-J se me antoja un buen momento para expresar el rechazo ciudadano tanto al presidente del Gobierno, a quien Belloch, exministro del presidente González, considera el peor presidente de nuestra democracia, junto con Aznar, como a la deriva del PSOE desde que Sánchez accedió a la secretaria general, “una combinación deizquierdismo y populismo, cuyo Santo Grial era y sigue siendo formar gobierno sin que importe demasiado el coste”. Confío en que los resultados del 23-J permitan cambiar el rumbo del Gobierno de España y el PSOE se reencuentre en la oposición con la centralidad y el sentido de Estado tan ausentes en los últimos años.
