La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los precios del alquiler y de la compra son ya inasumibles para miles de familias, especialmente para los jóvenes, que ven cada vez más difícil desarrollar un proyecto de vida en Barcelona.
Sin embargo, el Partido Socialista, acompañado de sus socios populistas, comunistas e independentistas, continúa culpando al sector privado de todos los males mientras elude cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de sus propias políticas. En lugar de corregir los errores, insiste en profundizar en ellos.
Barcelona es, probablemente, el mejor ejemplo de cómo la ideología puede imponerse al sentido común. La obligación de reservar un 30 % de vivienda protegida en las nuevas promociones y en las grandes rehabilitaciones ha resultado ser un fracaso rotundo. Ocho años después de su aprobación, el balance es demoledor: únicamente se han construido 34 viviendas mediante este sistema, cuando el propio gobierno municipal prometía más de 300 al año. De haberse cumplido sus previsiones, hoy Barcelona debería disponer de unas 2.400 viviendas protegidas más.
Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados, no por las buenas intenciones con las que se anuncian. Y cuando una medida fracasa de forma tan estrepitosa, lo responsable es rectificar. Sin embargo, el PSC ha optado por hacer exactamente lo contrario: mantener una norma que ha demostrado reducir la oferta de vivienda, paralizar promociones y dificultar todavía más el acceso a un hogar.
Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados, no por las buenas intenciones con las que se anuncian
La combinación de ideología, falta de autocrítica y resistencia a rectificar conduce inevitablemente a una mala gestión. Y esa mala gestión la pagan los ciudadanos.
Mientras tanto, quienes realmente construyen vivienda han sido convertidos en sospechosos. Promotores y constructores soportan cada vez más cargas, una burocracia excesiva y procedimientos administrativos que retrasan durante meses —e incluso años— la concesión de licencias. En lugar de facilitar que se construyan más viviendas, las administraciones levantan nuevos obstáculos.
El resultado es evidente. Barcelona ostenta hoy un récord del que nadie debería sentirse orgulloso: es la ciudad con el alquiler más caro de toda España.
Hace apenas unos días, el Ayuntamiento tuvo una nueva oportunidad para rectificar. El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular, Daniel Sirera, propuso en el pleno municipal suspender temporalmente la aplicación del 30 % mientras se diseña un nuevo modelo basado en la colaboración público-privada, con el objetivo de incrementar realmente la oferta de vivienda protegida.
Barcelona ostenta hoy un récord del que nadie debería sentirse orgulloso: es la ciudad con el alquiler más caro de toda España
Sin embargo, PSC, Barcelona en Comú y ERC votaron en contra. Junts optó por la abstención. Quizá algunos de sus dirigentes estén hoy más preocupados por la competencia política que representa Silvia Orriols que por ofrecer soluciones eficaces al principal problema de los barceloneses. Vox, por su parte, apoyó la propuesta del Partido Popular.
La colaboración público-privada no debería ser un tabú. Al contrario, constituye una herramienta imprescindible si realmente se quiere aumentar la oferta de vivienda. El sector privado no es el enemigo: forma parte de la solución. Pero quienes gobiernan prefieren mantener un enfrentamiento ideológico antes que aprovechar todos los recursos disponibles para resolver un problema que afecta a miles de familias.
La misma lógica ideológica explica otra de las grandes apuestas del PSC: eliminar cerca de 10.000 pisos turísticos haciendo creer que esa decisión resolverá el problema del acceso a la vivienda. Se trata de una simplificación interesada que pretende ofrecer soluciones fáciles a un problema extraordinariamente complejo.
Nadie puede sostener seriamente que la crisis de la vivienda desaparecerá prohibiendo una actividad económica que genera empleo, riqueza y recursos fiscales. Presentar esa medida como la solución definitiva solo sirve para ocultar la incapacidad de impulsar políticas eficaces que aumenten la oferta residencial.
Los gobiernos deberían ser capaces de aceptar las propuestas de la oposición cuando estas benefician al conjunto de los ciudadanos
El fracaso de las políticas de vivienda también tiene otra consecuencia visible: el aumento de la exclusión social. Mientras no se construye suficiente vivienda protegida, cada vez más personas vulnerables sobreviven en asentamientos irregulares y tiendas de campaña. Barcelona vuelve a convivir con escenas que muchos creían superadas, acompañadas de problemas de salubridad, deterioro del espacio público y una creciente sensación de abandono en numerosos barrios.
Los gobiernos deberían ser capaces de aceptar las propuestas de la oposición cuando estas benefician al conjunto de los ciudadanos. Especialmente cuando se trata del principal problema de Barcelona. La vivienda exige menos dogmatismo y más pragmatismo.
Persistir en políticas que han demostrado su fracaso no es una muestra de coherencia, sino de obstinación. Gobernar implica asumir errores, rectificar cuando sea necesario y adoptar las medidas que funcionen, con independencia de quién las proponga.
Porque la política debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los prejuicios ideológicos. Y cuando una política pública fracasa de forma tan evidente, lo responsable no es perseverar en el error, sino cambiar de rumbo.
