Hace ya un par de años dediqué una columna en este diario a examinar la solución que proponía Cercas al problema catalán en un artículo titulado precisamente “Hay solución para Cataluña” (El País, 04/09/2021). El asunto era así de simple: sus amigos secesionistas tenían que “abandonar las fantasías y reconocer la realidad”. A continuación, repasaba en mi artículo algunos de los aspectos de la realidad que, según Cercas, sus amigos secesionistas tenían que asumir. Primero, España es una democracia. Segunda, el derecho a decidir no existe. Tercero, el derecho de autodeterminación no puede aplicarse a Cataluña porque nunca ha sido una colonia. Y, por último, que “más o menos un 50% de los catalanes vota a partidos secesionistas y más o menos otro 50% a partidos no secesionistas”. Se trata -decía en mi artículo- de rasgos de la realidad bien conocidos de los que un servidor ya se ocupó en un artículo “Estatut y realidad social” (El País, 16 de enero de 2006) publicado hace más de quince años”.
Cercas acababa de descubrir la nueva ruta a la isla de Concordia y la anunciaba exultante al resto de compatriotas. Los escritores que se dedican a escribir artículos de opinión sobre temas de actualidad suelen prestar escasa atención a examinar la consistencia de sus argumentos y rara vez vuelven sobre sobre lo escrito para ver lo acertados o desacertados que estuvieron en sus diagnósticos y soluciones. Cercas, por ejemplo, abogaba por pactar “más pronto que tarde, un nuevo Estatut” y aunque el autor reconocía no saber “cómo debe ser ese Estatut futuro”, adelantaba que “no puede ser como los anteriores… [porque] hay que pactarlo todo de nuevo” y ese pacto “debe concitar tanta adhesión como el de 1979”. Me temo que la ignorancia invocada por Cercas sobre el contenido del “nuevo Estatut” no pasaba de ser una conveniente excusa para eludir sus propias contradicciones.
Los escritores que se dedican a escribir artículos de opinión sobre temas de actualidad suelen prestar escasa atención a examinar la consistencia de sus argumentos y rara vez vuelven sobre lo escrito
Y es que su propuesta incurre en una muy flagrante: no puede afirmarse que hay que pactar todo en el nuevo Estatut y haber sostenido unas líneas más arriba que sus amigos secesionistas han de aceptar algunos rasgos de la realidad que, entiendo, no son negociables. Un intelectual consecuente con sus palabras tendría que haberse preguntado inmediatamente si los secesionistas catalanes estaban dispuestos a reconocer esos rasgos de la realidad no negociable, porque de no ser así ningún nuevo Estatut podría concitar tanta adhesión como el de 1979. Y la respuesta a la pregunta admite pocas dudas, pues son bien conocidas las posiciones de JuntxCat y ERC, expresadas por Puigdemont y Junqueras y demás lideres secesionistas.
Ambas formaciones consideran legítimas todas las acciones desarrolladas por el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña desde 2014, cuando el presidente Mas realizó la primera consulta organizada por el gobierno catalán, y, por supuesto, las desplegadas desde que Puigdemont accedió a la presidencia y Junqueras a la vicepresidencia del gobierno catalán el 10 de enero de 2016 con una hoja de ruta acordada para alcanzar la independencia en 18 meses. Legítimas fueron a sus ojos las llamadas leyes de desconexión, la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad política y fundacional de la república, aprobadas en el Parlamento los días 6 de septiembre y 8 de septiembre de 2017, respectivamente, como legítimos fueron el referéndum celebrado el 1 de octubre y la constitución de una república independiente aprobada en el Parlamento el 27 de octubre de ese mismo año.
Legítimas fueron a sus ojos las llamadas leyes de desconexión, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad política y fundacional
Por ello exigen ahora a Sánchez que deslegitime todas las actuaciones desplegadas por las instituciones del Estado para frenar el golpe de Estado liderado por Puigdemont y Junqueras, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno que presidía y disolver el Parlamente de Cataluña hasta el sobreseimiento de todas las causas abiertas por los tribunales desde 2014 hasta 2023. Todas. Cercas debería volver sobre su artículo de hace un par de años y aclararnos si sus amigos secesionistas han abandonado aquellas fantasías y reconocido la realidad o siguen en sus trece. Todo indica que no se han movido un ápice.
Puigdemont sostenía en 2017 que España no era un Estado democrático, que el derecho de autodeterminación existe y los secesionistas no iban a cejar en su empeño hasta convertir Cataluña en una república independiente empleando todos los medios a su alcance. Y su partido, JuntsxCat, sigue sosteniendo en 2023 exactamente lo mismo que en 2017, y exige además a Sánchez que apruebe una ley amnistía “para reparar una injusticia”, lo que supondría reconocer que España no es un Estado de Derecho y que los amigos secesionistas de Cercas han sido perseguidos desde las cloacas del Estado, encarcelados injustamente y condenados arbitrariamente por los tribunales desde al menos 2014.
Puigdemont sostenía en 2017 que España no era un Estado democrático, que el derecho de autodeterminación existe y los secesiones no iban a cejar en su empeño
Cercas no comparte esos puntos de vista y así lo ha manifestado con toda rotundidad en un reciente artículo en el que el autor sostiene que no habrá amnistía porque dejaría “impunes los desafueros cometidos por los líderes del procés (otra cosa son los desdichados de a pie que se envenenaron de mentiras, furia y fanatismo, para los cuales cabría imaginar medidas de gracia)”. Pobrecitos desdichados aquellos que acosaron y atacaron a miembros de la policía judicial así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los que participaron en actos violentos, cortando carreteras y vías férreas, destrozando y quemando el mobiliario urbano, los que apretaron tanto, a instancias del presidente de la Generalidad Torra, que intentaron tomar por la fuerza el Parlamento de Cataluña. Merecen estos desdichados, sin duda, medidas de gracia.
Pero lo más llamativo de la posición de Cercas es que pese a reconocer la existencia de una “foto inverosímil” de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, echándose unas risas en Bruselas con un prófugo de la justicia acusado de delitos gravísimos”, sostenga que no habrá amnistía. Ofrece tres poderosas razones para descartarla. Primera, “sería una condena de la democracia entera (una democracia de cuya legitimidad nadie en el mundo duda)”, salvo los secesionistas que, como ya he dicho, niegan que España sea un Estado democrático. Segunda, quebraría la igualdad de los ciudadanos ante la ley al permitir “que no respondiese ante la justicia todo un presidente de un Gobierno autonómico que —lo vimos todos— malversó millones, violó a conciencia nuestras normas fundamentales, empezando por el Estatut y la Constitución, y colocó Cataluña al borde del enfrentamiento civil y la ruina económica”. Y tercera, “no existe ningún ‘mandato democrático’ que autorice al PSOE a promover una amnistía, porque esa medida no figuraba en su programa electoral.
Sorprende que Cercas no haya reparado todavía en que Sánchez lleva adoptando decisiones contrarias a sus compromisos y programas electorales desde que accedió a La Moncloa
Como ya he argumentado en este y otros artículos poco hay que añadir sobre las dos primeras razones para rechazar la amnistía. La última, sin embargo, se asienta obre peligrosas arenas movedizas. Sorprende que Cercas no haya reparado todavía en que Sánchez lleva adoptando decisiones contrarias a sus compromisos y programas electorales desde que accedió a La Moncloa en una indecorosa moción de censura el 1 de junio de 2018, respaldada no por casualidad por todos los grupos políticos que reconocen el derecho de autodeterminación, y en el caso de ERC y JuntsxCat dicen haberse conjurado para constituir una república independiente. ¿De veras no se ha percatado de que Sánchez transmutó la rebelión en sedición, las condenas a quienes “violaron a conciencia nuestras normas fundamentales” en indultos, y acabó sacando el delito de sedición del Código Penal para contentar a sus socios prioritarios de gobierno?
Y ahora que esos mismos partidos le exigen la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación para respaldar su investidura, y Sánchez se refiere sin pudor alguno al proceso secesionista de 2016-2017, el ataque más grave contra nuestra democracia desde el 23-F, como “una crisis política”, y elude responder cuando se le pregunta si cumplirá su compromiso público de traer a Puigdemont a España para ser juzgado, Cercas nos conforta a los catalanes diciendo que no habrá amnistía porque Sánchez no cuenta con un mandato democrático de quienes le votaron el 23-J para dar ese paso. Me reconforta saberlo y tomo nota de que Cercas dejará de votar al PSC-PSOE, el partido en quien algunos catalanes como él confían todavía “para hacer progresar nuestro país y fortalecer nuestra democracia mejor que cualquier otro partido”, si se aprueba una ley de amnistía.
Ya veremos, no falta mucho para comprobarlo. Pero lo cierto es que después de todos los incumplimientos de Sánchez resulta difícil comprender que alguien pueda confiar todavía en que esta vez cumplirá su palabra. Y algo similar ocurre a la hora de confiar en la voluntad del PSC para “hacer progresar nuestro país y fortalecer nuestra democracia”, porque la responsabilidad del PSC en el desarrollo del proceso independentista ha sido enorme: por su decisivo papel como principal impulsor del inconstitucional Proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, en primer lugar, y por haber incluido el derecho a decidir de los catalanes en su programa electoral de 2012, antes incluso de que el movimiento secesionista hubiera iniciado sus grandes movilizaciones, en segundo lugar. Quizá por ello, otros catalanes llevamos años denunciando la falta de democracia y el sectarismo de las instituciones de autogobierno a las que el PSC tanto ha contribuido desde 2003 y, por ello, dejamos de votarle hace muchos años.
