El pasado 1 de junio, coincidiendo con el quinto aniversario de la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente del gobierno, el exvicepresidente Guerra publicó un artículo en The Objective, titulado el “Embrollo electoral”, en el que con su agudeza habitual desvelaba la clave de la inesperada convocatoria de las elecciones generales celebradas el 23-J, nada más constatar el serio varapalo sufrido por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas celebradas un mes antes, el 27-M. Guerra apuntaba que “quien había convertido la campaña electoral en una prueba sobre su capacidad de solventar los problemas que había generado su política de alianzas” estaba obligado a reaccionar con rapidez para tapar el fiasco porque “todos los movimientos del presidente están originados en clave interna de partido, pues sabe que si pierde el poder en el partido, lo pierde todo”. Los pobres resultados electorales del PSOE de Sánchez el 23-J vinieron a confirmar el profundo malestar generado en amplias capas de la sociedad española por las alianzas urdidas por su secretario general con nocturnidad y desprecio reiterado a la palabra dada.
El problema del PSOE venía de lejos y la raíz hay que buscarla en las turbias alianzas que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018
En efecto, el problema del PSOE venía de lejos y la raíz hay que buscarla en las turbias alianzas que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018. Contaba en ese momento su partido en el Congreso con el respaldo de los 75 escaños logrados por el PSOE, más los 3 del PSOE-Nueva Canarias y los 7 del PSC en Cataluña, 85 diputados sobre un total de 350. Pero una buena parte del resto del arco parlamentario se apuntó a la vendetta particular del secretario general del PSOE que peores resultados electorales había cosechado desde 1977, sabedores de que su extrema debilidad lo convertía en presa fácil para obtener concesiones políticas y económicas y avanzar su proyecto compartido de acabar con el ´régimen’ del 78.
A esa operación de acoso y derribo a las instituciones del Estado se sumaron jubilosos y sin imponer a Sánchez líneas rojas los 35 diputados de Unidos Podemos, los 12 de En Comú Podem-Guayem el Canvi, los 9 de Compromís-Podemos-EUPV y los 5 de En Marea; los 9 de ERC y los 8 de CDC (rebautizada posteriormente como PDeCat); los 2 de EH Bildu y hasta los 5 del PNV que acababan de respaldar “por responsabilidad” los PGE del PP siete días antes. La diputada de Coalición Canaria (CC), cuyo escaño resultaba irrelevante optó por abstenerse y la moción de censura salió adelante con 180 votos a favor frente a 169 en contra. Hubiera bastado con que el PNV y CC hubieran votado en contra para evitar que Sánchez llegara a La Moncloa con el respaldo de partidos con ideologías contrapuestas a los que sólo unía el deseo de avanzar sus intereses particulares y territoriales frente al interés general.
Ni siquiera estar al frente del Gobierno de España ni el desconcierto vivido en las filas del PP tras perder la moción de censura ayudaron a Sánchez a mejorar
Pero ni siquiera estar al frente del gobierno de España ni el desconcierto vivido en las filas del PP tras perder la moción de censura ayudaron a Sánchez a mejorar sustancialmente los resultados electorales de su partido, como demuestra que el PSOE obtuviera tan sólo 111 escaños y el PSC 12 en las elecciones celebradas el 28 de abril de 2019, y el PSOE se quedara con 108 y el PSC repitiera con 12 en las elecciones celebradas el 10 de noviembre de ese mismo año, tras 18 meses ejerciendo como presidente. Lejos de resignarse a abandonar La Moncloa y contraviniendo sus reiterados compromisos electorales de que nunca pactaría con Unidas Podemos y formaciones afines, Sánchez cerró un acuerdo con Iglesias en menos de 48 horas para poner en marcha el gobierno de coalición PSOE-PSC-Unidas Podemos-En Comú Podem-Guanyem el Canvi -el gobierno Frankestein premonitoriamente avistado por Pérez Rubalcaba en 2016- cuya supervivencia quedaba a merced de futuros acuerdos con ERC y EH-Bildu, convertidos en sus socios prioritarios para sacar adelante las iniciativas legislativas en el Congreso.
Un gobierno, además, lastrado por profundas diferencias internas en el seno del propio Consejo de ministros que han emergido una y otra vez a lo largo de la XIV Legislatura, terminada abruptamente con la convocatoria de elecciones anticipadas decidida por el presidente Sánchez sin consultar a sus socios. Esas diferencias, sumadas a la acusada impericia e inclinaciones ‘estatalizadoras´ de las ministras de Unidas Podemos, consumaron varios despropósitos legislativos sonoros y convirtieron a los empresarios en objeto de ataques reiterados. Para completar el menú de despropósitos, la política exterior estuvo marcada por decisiones personales de Sánchez tan discutibles como reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental sin contar con la opinión de sus ministros, ni haber consensuado el abrupto giro en la posición de España con la oposición en el Congreso, situándonos como país enfrentados con Argelia, nuestro principal suministrador de gas natural justo cuando más se necesitaba el combustible argelino para frenar las subidas de los precios de la energía.
Su infame visita a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, el nada honorable expresidente del gobierno de la Generalitat y ofrecerle la amnistía a cambio de los siete escaños de JxCat
Los resultados de las elecciones del 23-J volvieron a poner de manifiesto que ni el control de los Presupuestos Generales del Estado ni de los medios públicos de comunicación, ni las populistas medidas adoptadas por el gobierno, tanto en los meses finales de la Legislatura como tras la disolución de Las Cortes, han evitado un nuevo fracaso electoral del PSOE que obtuvo 102 escaños, aunque la derrota quedó disimulada por el ascenso del PSC que logró 19 escaños en Cataluña. Lo que Sánchez propone ahora es repetir un gobierno de coalición PSOE-PSC-Sumar respaldado por 152 diputados, más dependiente si cabe de todas y cada una de las fuerzas políticas en el Congreso que afilan los dientes para ver dónde los hincan en una presa más débil si cabe y predispuesta a hacer concesiones contrarias a las posiciones que incluso el PSOE de Sánchez ha venido sosteniendo sin fisuras hasta ahora, a saber, que la amnistía y el referéndum de autodeterminación no caben en la Constitución Española.
Por si alguno tenía dudas sobre el grado de toxicidad del menú que se nos ha servido durante los últimos tres años y medio de gobierno de coalición PSOE-PSC-Unidas Podemos-Guanyem el Camvi, con indultos a los golpistas y concesiones a ERC y EH Bildu, pueden degustar ya el aperitivo que nos ha servido Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones y lideresa de Sumar. En primer lugar, claro está, su infame visita a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, el nada honorable expresidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña en 2016 y 2017, y ofrecerle la amnistía a cambio de los siete (7) escaños de JxCat que Sánchez necesita para repetir como presidente y Díaz como su vicepresidenta: no se preocupe, vino a decirle Díaz al golpista prófugo y presidente del consejo de la república catalana en el exilio, mi ‘bufete’ ya tiene hilvanado un documento para justificar la amnistía. Ji, ji, ji. Ja, ja, ja. Volverá usted a ser presidente y organizar otra consulta.
Santiago se negó a calificar a Hamás como organización terrorista aduciendo que «ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar»
En segundo lugar, la negativa de Díaz a condenar sin subterfugios ni excusas el bárbaro ataque terrorista perpetrado por Hamás contra cientos de ciudadanos indefensos en Israel cuando celebraban una fiesta cerca de la frontera de Gaza, una posición avalada por Santiago, diputado de Sumar y secretario general del PCE, partido en el que milita Díaz, que se negó a calificar a Hamás como organización terrorista aduciendo que “ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar. No sabemos qué es un grupo terrorista”. Quizá por ello la vicepresidenta y el exsecretario de Estado para la agenda 2030 de Sánchez se sienten tan a gusto formando parte de un gobierno que cuenta con EH Bildu como socio prioritario, la coalición coordinada por el etarra Otegui que sigue sin condenar el terrorismo de ETA, homenajea a los terroristas de la banda, y mancha la memoria de las víctimas llevando incluso a condenados por crímenes de sangre en sus listas electorales.
Cada día me resulta más difícil comprender que tantos ciudadanos que se consideran a sí mismos demócratas respalden el proyecto compartido por Sánchez y Díaz de reeditar un gobierno ‘progresista’ urdido con semejantes mimbres, respaldos menguados en el Congreso y minoría absoluta en el Senado. ¿Acaso no encuentran preocupante que Otegui haya manifestado que “nosotros no pondremos precios ni líneas rojas en público” a la investidura de Sánchez, que Puigdemont y Junqueras den por hecha la amnistía y ERC y JxCat estén negociando las bases para celebrar una consulta de autodeterminación antes de 2027? ¿Se han planteado lo que supone para el futuro de España que se amnistíe a políticos que no reconocen la legitimidad de las decisiones adoptadas en 2016 y 2017 por el gobierno de España, Las Cortes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para frenar el golpe de Estado y restablecer el orden constitucional en Cataluña? ¿Han pensado alguna vez en la suerte que nos espera a más de la mitad de los catalanes que no compartimos el proyecto secesionista y estamos sujetos desde 2012 a gobiernos autonómicos sectarios que no respetan el Estatuto de Autonomía, ni la Constitución ni las sentencias de los tribunales?
Cada día me resulta más difícil comprender que tantos ciudadanos que se consideran demócratas respalden el proyecto de Sánchez y Díaz
Quisiera pensar que no han meditado demasiado sobre las graves consecuencias de las decisiones adoptadas por los gobiernos de Sánchez en la XIV Legislatura ni sobre la burla al Estado de Derecho que con su falta de escrúpulos y respeto a la palabra dada habituales parece decidido a consumar ahora. Se lamentaba Sánchez de que Feijóo nos había hecho perder cinco preciosas semanas con su investidura fallida, pues bien, la suya va a ocasionarnos una pérdida bastante mayor porque va a retrotraernos al final de la dictadura. Me pregunto si quienes volvieron a votarle el 23-J no se sienten abochornados cuando ven las oscuras maniobras de Sánchez y Díaz para asegurarse los votos de ERC y JxCat, equiparando a quienes dieron un golpe de estado contra nuestra democracia con quienes fueron detenidos y juzgados por tribunales durante la dictadura. Si Marcelino Camacho levantara la cabeza se quedaría anonadado.
En esta ocasión quienes votaron al PSOE de Sánchez el 23-J no podrán aducir en su descargo que desconocían sus intenciones de gobernar con Unidas Podemos e indultar a Junqueras y otros golpistas, como cuando le votaron el 10 de noviembre de 2019. Su única excusa para volver a votarle el 23-J es que, pese a los engaños anteriores, seguían creyendo en lo que sus líderes les han repetido una y otra vez en los últimos años: la amnistía y la autodeterminación no caben en la Constitución. Pero si como todo apunta, Sánchez amnistía a Puigdemont, prófugo y presidente de la república catalana en el exilio, no lo olvidemos, a cambio de un plato de lentejas en La Moncloa, me pregunto si volverán a tragarse el anzuelo ‘progresista’ o se rebelarán contra quien ha vendido la dignidad del PSOE y de nuestras instituciones democráticas.
