El nacionalismo sigue aumentando la dureza de su ofensiva contra el castellano. Junts per Catalunya se hace eco de las exigencias del lobby radical Plataforma per la Llengua —famoso por espiar la lengua de los niños en el patio y organizar escraches contra comercios que atienden en castellano— y reclama pedir a los sanitarios el C1 de catalán, así como establecer un régimen de sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos» de pacientes. Es lo que anunció ayer en el Parlament la diputada neoconvergente Mònica Sales, que aseguró que se trata de un problema de «seguridad médica» y no solo «derechos lingüísticos».
Así, entre las nuevas exigencias se contará la de incluir «sesiones obligatorias de asertividad lingüística», necesitar el nivel B2 de catalán el primer año y acreditar el C1 en el segundo y la apertura de expedientes y sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos». La idea es, según Sales, que los pacientes «puedan expresarse en catalán sin represalias». Sales también ha reclamado la comparecencia del conseller de Salud, el republicano Manel Balcells, para tratar de aplicar la filosofía monolingüe que ya impera en la escuela al ámbito sanitario.
