El presidente del Parlament, el separatista Josep Rull, ha invitado a los diputados autonómicos catalanes a participar en la celebración de un acto de conmemoración del décimo aniversario del referéndum ilegal independentista celebrado el 9 de noviembre de 2014. El homenaje tendrá lugar en el Palau del Parlament y se celebrará el próximo día 19 a partir de las 18.30 horas. Es de prever que el principal homenajeado sea el expresidente Artur Mas.
Mientras tanto en Cataluña, el nuevo y flamante Presidente Illa permite la celebración del aniversario del 9N, el primer referendum ilegal convocado por el separatismo… pic.twitter.com/R1ogMsjp7q— Sonia Reina Sánchez 🇪🇸🇪🇺 (@ReinaSonia) November 6, 2024
Dos preguntas
Organizada por el gobierno catalán presidido por Artur Mas, esta consulta ilegal buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre la independencia de Cataluña, con dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿Quiere que este Estado sea independiente?”. La consulta fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, que suspendió su convocatoria al considerarla inconstitucional, argumentando que ponía en cuestión la soberanía nacional y la integridad territorial de España.
A pesar de la suspensión, el Govern continuó adelante con el referéndum, alegando que no se trataba de una consulta vinculante, sino de un proceso participativo. Ese día, 2,3 millones de catalanes participaron en la votación, de los cuales cerca del 80% votaron a favor de la independencia. Sin embargo, tanto la participación como el carácter no oficial de la consulta suscitaron críticas y dudas sobre su validez como reflejo de la opinión pública catalana.
La causa contra Mas
Tras el referéndum, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial contra el entonces presidente Artur Mas y otros miembros de su gobierno, entre ellos Joana Ortega (vicepresidenta) e Irene Rigau (consejera de Educación). En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos y a pagar una multa, al considerar que había cometido un delito de desobediencia al ignorar la suspensión del Tribunal Constitucional. Joana Ortega fue condenada a un año y nueve meses de inhabilitación, e Irene Rigau a un año y seis meses, ambas también por desobediencia. Ninguno de ellos ha podido acogerse a la Ley de Amnistía. Además, no han logrado recuperar los 4,9 millones de euros que tuvieron que pagar en concepto de multa impuesta por el Tribunal de Cuentas.
Estas condenas marcaron un precedente en la relación entre el Gobierno central y el independentismo catalán, que continuaría con mayor intensidad en los años siguientes, derivando finalmente en el referéndum del 1 de octubre de 2017, otra votación independentista no autorizada, y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que desencadenó una respuesta judicial y política aún más contundente por parte del Estado.
