La gestión de la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado lo que pocas veces ocurre en el Parlament: poner de acuerdo a Junts per Catalunya y al Partido Popular. Ambas formaciones han alzado la voz esta semana para denunciar una situación de «colapso» inminente en los servicios municipales, asegurando que el Estado ha trasladado toda la presión administrativa a los ayuntamientos sin dotarlos de un solo euro extra.
Desde el PP, su portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha sido tajante este martes al describir la realidad de las oficinas de atención ciudadana: «Los consistorios se han convertido en el eslabón más débil del sistema». Según Fernández, los funcionarios están desbordados asumiendo la gestión y producción de la documentación necesaria, lo que está provocando que citas esenciales para el resto de los vecinos se retrasen durante meses.
«Entrar irregular tiene premio»
El dirigente popular ha ido más allá, advirtiendo que la falta de recursos está forzando a los ayuntamientos a acelerar trámites con una peligrosa «rebaixa de los controles». Fernández ha criticado la falta de distinción en el decreto de Sánchez: «Considerar a todos los inmigrantes irregulares como colectivo vulnerable es una simplificación injusta», afirmó, diferenciando entre quienes huyen de tragedias y quienes «vienen a aprovecharse del sistema o a delinquir».
Para el PP, la falta de previsión del Ejecutivo central es flagrante: «Se ha tomado una decisión dejando solos a los alcaldes», según recoge El Nacional.
«Externalizar» el problema
Esta postura coincide en el diagnóstico con la de Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Rius, ya denunció este lunes que el Gobierno está «externalizando» una responsabilidad estatal hacia el mundo local. «Los ayuntamientos se ven desbordados porque no tienen ni los criterios claros ni los recursos necesarios», lamentó.
En la misma línea se pronunció el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante el consejo nacional del partido, donde cargó contra las formas del Ejecutivo. Turull denunció que el decreto se ha aprobado «por la puerta de atrás», evitando el debate en el Congreso y trasladando toda la presión a los entes locales catalanes sin el apoyo logístico o financiero correspondiente.
Esta coincidencia entre juntaires y populares pone el foco en la gestión migratoria como uno de los principales puntos de fricción entre la administración central y el territorio catalán para este 2026.
