El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado mes de abril. Según ha revelado la Abogacía del Estado durante las vistas celebradas este viernes, un total de 549.596 personas ya han solicitado acogerse al proceso, de las cuales 91.505 peticiones han sido admitidas a trámite.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tomado esta decisión después de estudiar los recursos presentados, entre otros, por la Comunidad de Madrid y Vox, que pedían paralizar la medida de forma cautelar.
El Gobierno niega un colapso de los servicios públicos
Durante la vista, el abogado del Estado defendió que las solicitudes no se aceptan automáticamente, sino que existe una revisión previa de la documentación para comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos exigidos. Además, aseguró que no se producirá un colapso de los servicios públicos porque el proceso está diseñado para regularizar a personas que ya residían en España antes del 1 de enero y llevaban al menos cinco meses en el país antes de presentar la solicitud.
La Abogacía del Estado también defendió los efectos positivos de la regularización sobre la economía española a medio y largo plazo, especialmente en el crecimiento del PIB.
El representante del Gobierno negó además que las personas regularizadas puedan votar en las próximas elecciones, recordando que para ello es necesario contar con la nacionalidad española. También subrayó que los beneficiarios no pueden tener antecedentes penales y que los permisos concedidos solo permiten residir y trabajar en España, no en el conjunto de la Unión Europea.
Críticas de Madrid y Vox
En las vistas también participaron representantes de varias entidades sociales que respaldan la medida, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Servicio Jesuita al Migrante. Estas organizaciones destacaron que alrededor de 147.000 menores en situación irregular podrían beneficiarse del proceso y recordaron que España ya ha llevado a cabo otras regularizaciones extraordinarias en el pasado.
Por su parte, el abogado de la Comunidad de Madrid alertó del impacto que, a su juicio, tendrá la medida sobre los servicios públicos y calificó de “rotundamente falso” que no exista impacto presupuestario.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé criticó duramente la iniciativa y aseguró que la regularización provocará “un brutal incremento del gasto público”. Además, calificó el proceso de “manifiestamente ilegal” y acusó al Gobierno de querer “dar papeles a todo el mundo”.
