La Generalitat pone bajo sospecha a 2.563 empresas por posibles fraudes laborales que afectan a más de 4.000 trabajadores

La Inspección de Trabajo de Cataluña exige revisar 4.113 contratos ante indicios de irregularidades en fijos discontinuos y contratos temporales

Una operaria trabajando (Europa Press).
Una operaria trabajando (Europa Press).

La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC), dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha iniciado una nueva campaña contra el fraude laboral que afecta a 2.563 empresas de toda Cataluña. El objetivo es que estas compañías revisen un total de 4.113 contratos de trabajo ante la existencia de indicios de posibles irregularidades.

La actuación se enmarca en el plan de lucha contra el fraude impulsado conjuntamente con la Administración General del Estado y se apoya en herramientas de análisis de datos masivos (big data) para detectar posibles incumplimientos de la normativa laboral.

Más de la mitad de los contratos señalados son fijos discontinuos

Según los datos facilitados por la Generalitat, de los 4.113 contratos que deberán ser revisados, 2.225 corresponden a trabajadores con contrato fijo discontinuo, lo que representa el 54% del total.

Además, otros 1.462 contratos (36%) presentan indicios de encadenamiento irregular de contratos temporales, mientras que 426 contratos (10%) habrían superado los períodos máximos permitidos por la legislación vigente para este tipo de contratación.

Las comunicaciones han sido remitidas de forma electrónica a las empresas seleccionadas, que han sido identificadas a través de los sistemas de detección de fraude de la propia Inspección.

Las empresas podrán corregir las irregularidades de forma voluntaria

La finalidad de esta actuación es que las compañías revisen la situación contractual de los trabajadores afectados y, en caso de detectar alguna irregularidad, puedan corregirla voluntariamente antes de que se inicien procedimientos sancionadores.

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha defendido la iniciativa y ha asegurado que este tipo de actuaciones permiten «garantizar los derechos de las personas trabajadoras, luchar contra la precariedad laboral y la discriminación de los colectivos más vulnerables«.

Ramos también ha destacado que la labor de la Inspección de Trabajo contribuye a proteger a las empresas que cumplen la ley frente a aquellas que puedan estar incurriendo en prácticas irregulares.

La campaña se suma a las actuaciones periódicas que la Inspección de Trabajo lleva a cabo para detectar fraudes relacionados con la contratación temporal, los fijos discontinuos y otras fórmulas laborales consideradas de riesgo.

María Riera
María Riera
Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM.

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