El debate sobre el modelo de “España de la inclusión” ha cobrado fuerza este martes en el Congreso. Con avances en varias iniciativas sobre migración y ciudadanía. La mayoría parlamentaria ha impulsado una proposición ley para facilitar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española. La iniciativa ha salido adelante tras un acuerdo de última hora entre el PSOE, Sumar y sus socios de investidura.
Aceleración parlamentaria
El texto ha superado la fase de ponencia tras meses de bloqueo y avanza ahora en tramitación acelerada. El bloque progresista busca aprobarlo en comisión el 14 de julio y someterlo a un pleno extraordinario el 23, antes del parón de verano. La iniciativa, impulsada por Sumar, llevaba más de un año paralizada hasta que el acuerdo con el PSOE y sus socios permitió desbloquear las enmiendas.
La política migratoria
El avance legislativo coincide con el fin de un proceso extraordinario de regularización migratoria que, según el Ejecutivo, podría dar acceso a derechos de ciudadanía a más de un millón de residentes extranjeros. En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido nuevas políticas de integración y ha anunciado un plan de 505 millones de euros, en un contexto de choque con las posturas de “prioridad nacional” del PP y Vox.
Qué prevé la ley
El nuevo texto introduce cambios importantes, como la reducción a dos años del requisito de residencia legal para acceder a la nacionalidad, equiparándolo a otros regímenes de trato preferente. Además, prevé la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos antes de 1976 en el Sáhara Occidental, admitiendo distintos documentos como prueba, incluidos antiguos DNI, certificados o registros de la ONU.
Beneficiarios y alcance
Según la diputada Tesh Sidi, la norma podría beneficiar a unas 50.000 personas con vínculos históricos y a unos 30.000 saharauis residentes en España, muchos de ellos en situación de apatridia. La ley también fija un plazo de tres años para solicitar la nacionalidad y contempla la exención de tasas administrativas.
Apoyos políticos
El diputado socialista Artemi Rallo ha defendido la medida como un paso “definitivo e irreversible” y un reconocimiento histórico en el 50 aniversario de la salida de España del Sáhara. Por su parte, desde Sumar, Enrique Santiago la ha calificado de “paso trascendental”, aunque ha subrayado que la reparación debe incluir también el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
División política
El dictamen ha prosperado con el apoyo de la mayoría progresista, la abstención de Junts y el rechazo de PP y Vox. La votación evidencia la división política sobre migración y ciudadanía en un contexto de creciente polarización institucional.
