La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la gestión de las ayudas económicas destinadas a jóvenes extutelados de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), tras las irregularidades detectadas en la concesión y control de estas prestaciones.
Origen del caso
La investigación se inició después de que el Govern admitiera deficiencias en la gestión de la DGAIA a raíz de una auditoría interna y de que la Oficina Antifrau de Catalunya comenzará a analizar posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos. Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2016 y 2022 se realizaron pagos indebidos por 167 millones de euros en prestaciones de la Generalitat, de los que unos cuatro millones correspondían a ayudas para jóvenes extutelados.
Dos investigaciones
La Oficina Antifrau abrió dos investigaciones: una sobre la gestión externalizada de las ayudas a la emancipación de jóvenes extutelados en Girona, adjudicada en 2022 a la UTE Fontanilles-Resilis, y otra sobre los denominados «pisos fantasma» para menores no acompañados, ante la sospecha de que se cobraban fondos públicos por plazas que permanecían vacías. Ambas actuaciones se iniciaron tras la denuncia de un trabajador, al que Antifrau reconoció como alertador para garantizar su protección.
Primer informe
La Fiscalía Anticorrupción analiza un primer informe de la Oficina Antifrau sobre la gestión de las ayudas a jóvenes extutelados. El organismo descarta, por el momento, indicios de fraude penal en la adjudicación del servicio, aunque aprecia posibles incumplimientos contractuales por parte de la fundación Resilis.
El informe detecta que algunos jóvenes siguieron cobrando ayudas pese a haber dejado de cumplir los requisitos, al estar trabajando o residir en el extranjero. Los pagos indebidos, de entre 6.800 y 36.400 euros, se atribuyen a la falta de controles y a los retrasos en la revisión de los expedientes.
Fallos de control
La auditoría de la Generalitat concluye que la externalización del servicio de seguimiento, puesta en marcha en 2022 para afrontar el aumento de casos, no evitó los pagos indebidos. El informe atribuye las deficiencias a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes y problemas de coordinación entre sistemas.
En el caso de Resilis en Girona, la revisión detectó que en 29 de los 32 expedientes analizados no se realizaron los controles exigidos, lo que permitió que 16 jóvenes continuaran recibiendo ayudas pese a haber dejado de cumplir los requisitos.
Pisos tutelados
Antifrau también mantiene abierta una investigación sobre la gestión de las viviendas tuteladas y ha solicitado documentación al Departament de Drets Socials y a la entidad gestora para esclarecer posibles irregularidades. En paralelo, un informe del Síndic de Greuges advirtió de que solo el 20,6 % de los jóvenes extutelados accede a estos recursos, mientras unas 750 solicitudes fueron rechazadas entre 2021 y 2023, pese a que alrededor del 7 % de las plazas permanecían vacías.
Tribunal de Cuentas
Paralelamente a la investigación de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas analiza si existió una posible responsabilidad contable en la gestión de los fondos públicos. Mientras, la comisión de investigación del Parlament sobre la DGAIA cerró sus trabajos sin atribuir responsabilidades políticas, aunque concluyó que el sistema quedó desbordado por el aumento de menores extranjeros no acompañados.
Próximo relevo
La UTE Fontanilles-Resilis continuará gestionando las ayudas a jóvenes extutelados hasta diciembre, cuando el servicio pasará a la nueva Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). En 2024, un total de 2.774 jóvenes recibieron estas prestaciones, con un presupuesto cercano a los 23 millones de euros. Hasta junio de 2025, las ayudas llegaban a 2.354 beneficiarios y 1.236 jóvenes ocupaban viviendas asistidas.
