La nueva crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a situar en primer plano uno de los problemas más complejos de la política migratoria española: qué hacer con los menores extranjeros no acompañados que acceden irregularmente a territorio español.
La situación presenta, sin embargo, una importante novedad. Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a los menores marroquíes llegados a Ceuta y la propia Comisión Europea ha señalado que el Derecho de la Unión permite su retorno, incluidos los menores no acompañados, siempre que se respeten las garantías establecidas y se compruebe que dispondrán de una acogida adecuada en el país de destino.
Bruselas ha ido incluso más allá al señalar que la prioridad debe ser el rápido retorno de quienes permanezcan irregularmente en Ceuta y al reclamar la cooperación de las autoridades españolas y marroquíes para hacerlo efectivo.
El Gobierno español, sin embargo, mantiene una estrategia diferente. En lugar de convertir el retorno a Marruecos en la solución prioritaria, trabaja en el traslado a la Península de los menores más vulnerables —inicialmente alrededor de 500— y mantiene el mecanismo de distribución entre comunidades autónomas.
Naturalmente, la protección del interés superior del menor debe presidir cualquier decisión. No cabe defender devoluciones colectivas ni automáticas. Cada situación debe ser examinada individualmente y debe comprobarse la existencia de una familia o, en su defecto, de unas condiciones de acogida adecuadas en Marruecos.
Pero precisamente por ello resulta difícil entender que la posibilidad del retorno asistido y con garantías no ocupe un lugar central en la estrategia española cuando concurren tres circunstancias especialmente relevantes: Marruecos afirma estar dispuesto a recibir a los menores; la Unión Europea considera jurídicamente posible su retorno; y Ceuta se encuentra sometida a una presión asistencial extraordinaria.
La cuestión deja entonces de ser exclusivamente jurídica o humanitaria y adquiere inevitablemente una dimensión política.
Durante los últimos años, el Gobierno ha construido buena parte de su discurso sobre los menores extranjeros no acompañados alrededor de la solidaridad territorial. Desde esta perspectiva, las comunidades autónomas deben aceptar su correspondiente cuota de acogida y la resistencia a hacerlo ha sido presentada frecuentemente como una manifestación de insolidaridad y, particularmente cuando procede de gobiernos del PP o de Vox, como expresión de una política xenófoba o de extrema derecha.
La crisis de Ceuta plantea ahora una situación que puede poner a prueba ese relato. Si existe una alternativa jurídicamente admisible consistente en el retorno de los menores a Marruecos, con las correspondientes garantías individuales, la discusión ya no puede reducirse a elegir entre solidaridad y abandono. Aparece una tercera opción: acogida temporal, identificación de cada menor, localización de su familia y retorno asistido cuando resulte compatible con su interés superior.
Optar, pese a ello, prioritariamente por trasladarlos a la Península permite mantener abierto el conflicto político sobre su distribución entre comunidades autónomas.
Y es aquí donde se trasluce una interpretación estrictamente política interna, nada humanitaria, de la decisión del Gobierno. Ante la posibilidad de unas elecciones generales en los próximos meses, el mantenimiento del debate sobre el reparto de menores ofrece al Ejecutivo un terreno particularmente favorable para marcar diferencias con PP y Vox. Cada negativa o resistencia de una comunidad autónoma a recibir nuevos menores permite reconstruir la controversia en términos muy simples: frente a un Gobierno que defiende la solidaridad y los derechos de los menores, una derecha y una extrema derecha que se niegan a acogerlos. Lo cual no deja de ser curioso, pues la situación de los Menas en acogida no es precisamente una bendición ni para los ciudadanos ni los propios Menas aunque si un negocio muy lucrativo para algunos.
La simplificación resulta políticamente eficaz, pero oculta la cuestión esencial: si Marruecos está dispuesto a recibir a sus menores y la Unión Europea considera posible su retorno con garantías, ¿por qué la primera alternativa debe ser necesariamente distribuirlos por España?
La pregunta es especialmente pertinente porque la reunificación familiar puede ser, en muchos casos, no solamente compatible con el interés superior del menor sino precisamente la solución que mejor lo proteja. Un menor que tenga padres o familiares adecuados para hacerse cargo de él en Marruecos no necesariamente está mejor protegido siendo enviado a un centro de acogida situado a centenares o miles de kilómetros de su familia.
Esto no significa que todos los menores deban ser devueltos. Algunos pueden necesitar protección internacional; otros pueden encontrarse en situación de abandono, desprotección o riesgo; y en determinados casos Marruecos podría no ofrecer garantías suficientes. Esas circunstancias justifican plenamente su permanencia y protección en España.
Pero esas excepciones tampoco deberían convertirse automáticamente en la regla general.
La solución razonable sería invertir el planteamiento: estudiar individualmente la situación de cada menor; localizar a su familia cuando exista; determinar si el retorno responde a su interés superior; exigir a Marruecos garantías verificables de acogida y seguimiento; y reservar el traslado y acogida permanente en España para aquellos casos en los que el retorno no resulte posible o aconsejable.
Esta fórmula permitiría conciliar protección de los menores, cumplimiento de la legislación europea, responsabilidad de Marruecos y solidaridad entre las comunidades autónomas para aquellos casos que efectivamente deban permanecer en España.
La negativa a explorar de manera prioritaria esta vía alimenta inevitablemente la sospecha de que el debate sobre los menores de Ceuta está siendo utilizado también como instrumento de confrontación política interna. Y, ante un escenario electoral potencialmente próximo, mantener el conflicto sobre qué comunidades aceptan o rechazan menores puede resultar políticamente más rentable que resolverlo mediante retornos individualizados y garantistas.
No es necesario afirmar que ésta sea la razón de la actuación del Gobierno —algo difícilmente demostrable— para señalar una evidencia política: la estrategia escogida permite conservar un marco de confrontación en el que el Ejecutivo puede presentarse como defensor de la solidaridad y situar a quienes cuestionan el reparto de menores en el campo de la insolidaridad o de la extrema derecha.
El problema es que una cuestión tan delicada como la protección de menores no debería convertirse en material de campaña electoral. Ni para quienes utilizan la inmigración para generar miedo ni para quienes utilizan la solidaridad como instrumento para descalificar cualquier alternativa.
Ceuta necesita una solución, no un relato. Y si Marruecos está dispuesto a asumir sus responsabilidades y Europa considera jurídicamente viable el retorno, corresponde al Gobierno explicar con claridad por qué descarta o relega esa alternativa y por qué considera preferible trasladar a esos menores a la Península. La experiencia de la DGAIA no es precisamente estimulante.
