Acabó el N.º 1 sus largas vacaciones en La Mareta y volvió con las pilas tan bien recargadas que se atrevió a echar en cara la falta de sensibilidad a quienes cuestionan su ‘derecho’ a veranear a costa de los contribuyentes con su familia durante tres semanas mientras, según él mismo reconoció, se producía una violación de la integridad territorial del Estado que se ha prolongado ya más de un mes y está alcanzando cotas de negligencia e inoperancia nunca vistas en España y en la UE. En esa misma entrevista en la cadena SER, uno de los medios de comunicación más aplicados al servicio del régimen sanchista, el presidente se atrevió a comparar su actuación durante esta crisis con la del Jefe del Estado al que achacó llevar “reinando más de veinte años”, antes de preguntar retóricamente al micrófono “¿cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla?”. Cuando el timorato entrevistador (Aimar Bretos) se atrevió a apuntar que “nunca habíamos tenido una crisis como ésta”, el presidente le interrumpió tal y como el señorito corta y pone en su sitio al sirviente impertinente: “no, no disculpe, pero discúlpeme, ¿cuántas veces ha ido el Rey? No ha ido ninguna vez”.
Una comparación vergonzosa
Aparte del detalle menor de que alguien le dio mal el dato -Felipe VI fue proclamado Rey hace 12 años, el 19 de junio de 2014-, lo más grave del asunto es que Sánchez comparara su actuación al frente del poder ejecutivo con la figura simbólica del Rey cuyos actos, según se deprende del art. 56, 3 de la Constitución “estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2”. Esto es, todos los actos del Jefe del Estado, salvo “proponer el candidato a Presidente del Gobierno” y el nombramiento de los miembros civiles y militares de la Casa Real, han de estar “refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes”, y “de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Así que si Felipe VI no ha visitado Ceuta y Melilla durante su reinado, la razón probablemente no es la falta de interés del Rey sino la reticencia de Rajoy (2011-2018) y Sánchez (2018-2026) de refrendar una visita que podría incomodar a Mohamed VI, un servilismo de los gobiernos de España hacia el régimen marroquí que, en el caso de Sánchez ha alcanzado cotas difíciles de superar. El 18 de marzo de 2022, los españoles nos enteramos de la existencia de una carta secreta, dirigida al monarca marroquí y filtrada por el propio Mohamed VI, en la que el presidente Sánchez reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. El servilismo extremo del gobierno de Sánchez ha vuelto a ponerse de manifiesto durante la crisis ceutí y hemos escuchado a un ministro tras otro alabar la supuesta cooperación de Marruecos para cerrar la crisis, cuando bastaría para resolver la crisis que el gobierno de España pusiera los medios para averiguar con rapidez quienes pueden permanecer en España por razones políticas y Marruecos accediera a acoger a todos los demás que asaltaron Ceuta el 30 de julio.
La información de que disponemos es muy fragmentaria pero más pronto que tarde sabremos con exactitud como se fraguó la invasión de Ceuta a golpe de trompeta y la información de que disponía el gobierno antes de que el presidente Sánchez se fuera de vacaciones el 31 de julio. Entretanto, cualquier observador razonable tiene la certeza de que en un régimen autoritario y corrupto como el marroquí resulta inconcebible que más de 70.000 personas pudieran reunirse en las proximidades de Ceuta, sin la connivencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes, y asaltaran a la voz de ya la frontera con España. El informe remitido a la juez Tardón de la Audiencia Nacional desde el Centro Nacional de Información y Fronteras (CENID), un organismo dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, “asegura que gendarmes guiaron a los migrantes en Castillejo y agentes de paisano les señalaron por dónde cruzar la frontera de El Tarajal”. En esto queda la cooperación de Marruecos tan alabada por Sánchez, Marlaska, Torres y el resto de menesterosos miembros del Consejo de Ministros.
¡Involución!
Es uno de los gritos de guerra de este gobierno en plena descomposición interna y con sus socios cada vez menos interesados en mantenerlo vivo con respiración asistida, no porque les importe un ápice el deterioro de las instituciones políticas de España, todo lo contrario, sino porque empiezan a no ver claro que más pueden extraer del cuerpo exhausto del sanchismo en su agónica huida hacia adelante. El asunto viene de lejos. Ya en 2019, el presidente Sánchez alertaba en vísperas de las elecciones generales de abril de 2019 en uno de los diarios más afines al sanchismo, La Vanguardia, del peligro que suponía el “bloque de la involución” compuesto, entonces, por el PP, Vox y Ciudadanos. El pasado 1 de septiembre, el presidente afirmaba en la SER que “la alternancia es buena en democracia. Siempre es buena. Pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia”. Contrariamente a lo que afirma, Sánchez no acepta la alternancia y se excusa en la ausencia de una alternativa, cuando es a los votantes a quienes les corresponde decidir si la hay.
Aunque la hemeroteca a Sánchez se la trae al pairo, no deja de ser cruel porque en ese mismo artículo se recogían unas declaraciones del presidente en las que afirmaba que “este es un país de buena gente y la buena gente no roba, no espía, no insulta”, una descripción casi perfecta de la imagen del PSOE de Sánchez siete años después: sus secretarios de organización roban, espían, e insultan, y, más aún, los socialistas del PSOE y el PSC indultan a prevaricadores y golpistas y blanquean a los herederos de ETA en el Congreso. Por tanto, la buena gente no puede seguir respaldando a Sánchez ni un minuto más ni al PSOE mientras Sánchez continúe siendo su secretario general.
Él lo sabe muy bien porque, atribuyéndose como suele hacer la representación de la mayoría social en España, resulta que no puede pisar la calle ni responder las preguntas de los periodistas. Huyó a calzón quitao en Paiporta cuando visitó la zona devastada tras la Dana en octubre de 2024 y ha vuelto a hacerlo en la crisis de Ceuta: desaparecido de la zona cero desde el 31 de julio. En su entrevista en la SER se sacaba un conejo del bolsillo de su chalequito y achacaba la invasión a un contubernio de la “internacional ultra”, una imaginaria coalición de la que forman parte Rusia, Israel, las grandes plataformas digitales y el ricachón Elon Musk. A los más añejos, las declaraciones del presidente Sánchez y sus ministros nos recuerdan las diatribas de Franco y los dirigentes del Movimiento Nacional contra el contubernio judeo-masónico-comunista dirigidas a desacreditar y justificar la represión de cualquier foco de resistencia al régimen franquista.
Voladura controlada del ‘régimen del 78’
Desde 2019, Sánchez se ha visto obligado a ceder una y otra vez ante sus avalistas en el Congreso y adoptar decisiones que han ido socavando instituciones claves del Estado (Abogacía y Fiscalía del Estado y Tribunal Constitucional) para satisfacer las crecientes exigencias de formaciones políticas que, como Junts y ERC en Cataluña y EH Bildu y el PNV en el País Vasco, nunca han ocultado su deseo de constituir repúblicas independientes en esas Comunidades Autónomas. Ni siquiera con las concesiones hechas a Cataluña y al País Vasco en las dos últimas legislaturas, Sánchez ha logrado presentar los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. A esta insostenible situación política hay que sumar la difícil situación judicial a la que se enfrentan la familia Sánchez-Gómez y el PSOE como organización política y las negativas perspectivas electorales de los socialistas en casi toda España.
Consciente de que ya no basta con los indultos, la amnistía y la connivencia con los herederos de ETA, el PSOE de Sánchez en su huida hacia adelante ha impulsado una regularización masiva de inmigrantes y una absurda nacionalización exprés de los descendientes de personas exiliadas que tendrán derecho a votar en las elecciones españolas, aunque no hayan pisado España ni contribuido al sostenimiento de nuestra Hacienda. El proceso de regularización que exigía a los solicitantes haber entrado en “España antes del 1 de enero de 2026” y “carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública” no recibióprecisamente elogios de la UE cuando el Gobierno avanzó que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes irregulares, mucho menos cuando la cifra final de solicitudes ronda1,2 millones. Si bien el proceso de regularización de inmigrantes no tendrá efectos en el censo electoral a corto plazo, las cifras disponibles sobre nacionalización de descendientes de españoles en el extranjero, fueran o no sus ascendientes refugiados políticos, sí pueden alterar significativamente el censo en las próximas elecciones autonómicas y generales, especialmente en circunscripciones como Madrid, y bien podría calificarse la nacionalización de extranjeros como un pucherazo gubernamental.
A Sánchez le quedan algunas bazas más a corto plazo y a buen seguro que las va a jugar hasta el arrastre. Aunque lo hayan visto en chancletas durante su merecidísimo veraneo en La Mareta, pueden estar seguros de que dedicó esas semanas a diseñar su estrategia electoral. Tenemos un antecedente cercano: el teatral retiro del presidente, tras conocer la imputación de su esposa en abril de 2024. Fue precisamente durante esos días de ejercicios espirituales en Moncloa cuando desde Ferraz se movilizó a toda la fontanería del PSOE para desacreditar a jueces, fiscales y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cerdán, Leire Díez, Juanma Serrano y Antonio Hernando se pusieron de inmediato manos a la obra. Algunos recordarán a Díez pidiendo a su interlocutor la cabeza del teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil: “no necesito a todos, necesito a Balas”.
Tras el fracaso de aquella operación, Díez y Serrano están ya imputados, dirigida a paralizar los casos judiciales que acosaban a Sánchez y al PSOE, la intervención requerida ahora es de mucho más calado: hay que cuestionar las bases mismas de nuestro sistema constitucional apelando a que la alternancia política ha dejado de ser tal y la involución que se avecina hay que pararla como sea. Los más canosos recordarántal vez también la reacción de algunos socialistas cuando la CEDA ganó con rotundidadlas elecciones en 1934. El ministro Puente dio el pistoletazo de salida cargando contra el Rey, al que acusó de haber traspasado una línea roja por haber saludado a un periodista en Chile, pasando por alto las intensas relaciones de Sánchez con todos los imputados del PSOE, a los que alabó y con los que se abrazó, y aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para manifestar que “como cualquier socialista, tengo alma republicana”. Tuvo ocasión de demostrarlo, no aceptando el puesto de ministro cuando prometió el cargo ante su Majestad el 23 de noviembre de 2023.
En fin, Sánchez continuó la zanja abierta por su capataz de obras públicas y afeó a Felipe VI por no haber visitado Ceuta y Melilla en 20 años. No digo que la operación contra la Corona y la Constitución de 1978 vaya a tener éxito, pero pueden estar seguros de que la idea de subvertir el orden constitucional contaría con el respaldo de Sumar y Podemos, ambos socios de los gobiernos de Sánchez y cómplices silenciosos de las tramas de corrupción del PSOE desde 2019. Y tampoco le harían ascos el resto de los avalistas que auparon a Sánchez a la Moncloa el 1 de junio de 2018 y lo han mantenido en el cargo desde entonces. ERC, Junts, PNV y EH Bildu estarían encantados con el proyecto de abrir un proceso constituyente para establecer una república confederal como un paso más hacia la independencia.
Sánchez seguramente ha dedicado gran parte de su tiempo en La Mareta a diseñar el plan para convertir las próximas elecciones generales en un plebiscito encubierto sobre el ‘régimen del 78’. No dudo que lo intentará, ni tampoco que fracasará por una simple razón: los números de momento no lo avalan. De seguir esa senda, el PSOE sufriría una debacle histórica fuera de Cataluña y el País Vasco y la reforma constitucional no resultaría viable, y eso, sus avalistas, lo saben. Como tampoco dudo de que cuando los españoles saquemos a Sánchez de Moncloa, si no acaba en la cárcel y sigue al frente del PSOE, intentará cuestionar la legitimidad del nuevo gobierno y movilizar al partido y a los sindicatos de ‘clase’ para desestabilizarlo, como ya hicieron también en octubre de 1934. El gran peligro para la sociedad española y el futuro de nuestra democracia no es la falta de alternancia y la amenaza de involución sino la voladura del orden constitucional del 78 por el PSOE de Sánchez y el PSC de Illa.
