El Foro de Profesores ha remitido una carta al Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, mostrando su preocupación por el «incumplimiento de la normativa sobre las órdenes europeas de detención y entrega» en relación al rechazo del tribunal belga de extraditar al ex conseller de Cultura Lluís Puig, fugado de la Justicia española.
El escrito, firmado por 218 profesores, juristas y profesionales de distintas disciplinas, pide al comisario que «la Comisión Europea estudie el funcionamiento de las órdenes europeas de detención y entrega; que identifique los casos en los que los requerimientos de cooperación no son atendidos y que adopte las medidas necesarias para conseguir la plena efectividad del instrumento».
Foro de Profesores indica en su carta que «los rechazos, ya en 2018, de anteriores órdenes europeas de detención y entrega emitidas por el Tribunal Supremo español y que debían ser ejecutadas en Bélgica y Alemania en relación a los delitos que han sido señalados supusieron ya una quiebra significativa del mecanismo de la euroorden, en tanto en cuanto este instrumento está diseñado para ser ejecutado siempre salvo en los supuestos excepcionales previstos en la normativa europea que lo regula; supuestos de rechazo que resulta extraordinariamente dudoso que concurrieran en los rechazos de las órdenes que no fueron ejecutadas en 2018″.
Y añaden que el último rechazo «supera a los anteriores» porque «el órgano jurisdiccional
belga fiscaliza la interpretación que hace el Tribunal Supremo español de la normativa procesal española. No se le oculta, Sr. Comisario, que la fiscalización por los órganos jurisdiccionales de un estado miembro de la aplicación que los tribunales de otro estado miembro hacen de su derecho procesal interno supone una quiebra flagrante de los principios de reconocimiento mutuo y confianza mutua que son la piedra angular de la cooperación judicial en la UE».
La petición se une a la iniciativa de la asociación Impulso Ciudadano en que pedían el «restablecimiento del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia» ya que entendían que la decisión de no extraditar a Puig es «claramente arbitraria y atenta contra los principios fundamentales de la Unión Europea».
