La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a cuatro estudiantes por un ataque violento contra la carpa de la asociación constitucionalista S’ha Acabat! durante la Feria de Entidades de la Pompeu Fabra en 2023. Esta sentencia endurece la multa inicial de 2.160 euros, que resultó del primer proceso judicial en 2024. La Audiencia tipifica ahora los hechos como un delito contra el derecho de reunión con empleo de violencia, incluyendo el agravante de discriminación ideológica. Es lo que tiene sentirse intocable.
La Audiencia de Barcelona eleva a dos años de cárcel la condena a cuatro independentistas por asaltar y expulsar a miembros de S'ha Acabat! de una universidad
— S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) June 4, 2025
Vía @elmundoeshttps://t.co/zi6OBvwnxY
El incidente ocurrió cuando más 80 personas rodearon intimidatoria y violentamente la carpa de S’ha Acabat, entidad por la unidad de España y contra el sectarismo independentista en las universidades catalanas. Los agresores profirieron gritos como “fuera fascistas” y amenazas, desmontaron la carpa y se llevaron material, obligando a los miembros de la asociación -que apenas si llegaban a la decena- a abandonar el campus. Algunos de ellos sufrieron lesiones leves y ataques de ansiedad durante el altercado.
La sentencia inicial de diciembre de 2024 consideró la lindeza como un delito de coacciones, pero la Audiencia de Barcelona ha elevado la pena tras los recursos presentados, confirmando la gravedad de lo que se vivío en el campus. Los jueces destacan que los acusados actuaron por rechazo e intolerancia hacia las ideas de S’ha Acabat!, perfectamente compatibles con el consenso democrático por mucho que los agresores pretendan asociarlas con el “fascismo”. La resolución es clara y subraya que la libertad de expresión no ampara acciones violentas que coarten los derechos de otros.
S’ha Acabat ha celebardo el fallo. Las acciones violentas no quedan impunes. Por su parte, Alerta Solidaria, que defiende a los condenados, critica sentidamente la sentencia -no deben estar acostumbrados a rendir cuentas por sus acciones-, por lo que se prevén apelaciones. Este caso refleja la polarización ideológica en las universidades catalanas, cuto clima alcanza en los peores casos un ambiente irrespirable para la divergencia. La decisión judicial marca un precedente firme y garantista contra la violencia motivada por diferencias ideológicas.
